El Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria) manifestó su confianza en el estricto apego al estado de derecho y solicitó el pleno respeto a los derechos humanos en la resolución del proceso judicial que se sigue en contra de los 31 científicos, integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)
denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR).
En un pronunciamiento, el órgano colegiado especial de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES) demandó la construcción de un entorno favorable para que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan a atender los problemas del país, sobre la base del diálogo y el trabajo conjunto entre instituciones de educación superior, autoridades gubernamentales, sociedad civil y sectores productivos.
El consejo consideró importante fortalecer las instituciones federales y estatales a cargo de la promoción de la ciencia, especialmente en lo relativo a las funciones regulatorias y operativas del Conacyt, así como del compromiso de dichas instancias y de las instituciones de educación superior con la rendición de cuentas del uso de recursos públicos, la transparencia, la promoción del interés común y el pleno respeto a la ley.
Asimismo, en el marco de la discusión pública sobre el proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación exhortó al Conacyt a contribuir en la generación de una nueva política en materia de ciencia, tecnología e innovación con visión de largo plazo y restablecer el diálogo sobre la necesaria actualización normativa aplicable a las universidades e instituciones particulares de educación superior.
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Asimismo, se pronunció por “hacer un llamado a todos los actores involucrados para que reconozcan la importancia de las universidades e instituciones particulares de educación superior y sus contribuciones a la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico de México", con el fin de que adopten acciones y aprovechen su fortaleza en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Innovación.
Por aparte, la Academia Mexicana de Ciencias Penales se sumó a la protesta de la comunidad académica y científica del país por el proceso judicial contra los 31 científicos emprendido por la FGR y exigió el cese de la persecución.
“La Academia Mexicana de Ciencias Penales se ha manifestado siempre por una justicia penal que respete escrupulosamente los principios del derecho penal ilustrado, entre ellos, los de legalidad, racionalidad y objetividad. En congruencia con esa trayectoria, no puede dejar de sumarse a la protesta de la comunidad académica y científica del país por la persecución contra más de 30 científicos mexicanos emprendida por la FGR con acusaciones que contrarían el criterio de la SCJN y con la pretensión de que los perseguidos sean internados en un centro penitenciario de alta seguridad, como si se tratara de miembros del crimen organizado”, indicó.
EHR