Organizaciones de la sociedad civil llamaron al Poder Legislativo a promulgar la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes a ocho meses de vencer el plazo establecido en el Diario Oficial de la Federación. Luego de que en diciembre de 2020 se constitucionalizaran los derechos de esta población, el Congreso de la Unión debió expedir un año después dicha ley.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 40 por ciento de la población joven se encuentra en situación de pobreza, el 67 por ciento no tiene acceso a la seguridad social y el 22 por ciento presenta carencia por acceso a los servicios de salud, por lo que Aldeas Infantiles S.O.S., World Vision y Servicios a la Juventud pidieron la LXV Legislatura analizar y discutir las iniciativas que se han registrado en ambas Cámaras a fin de expedir una ley con enfoque de libertad, inclusión, interculturalidad, igualdad de género, autonomía progresiva y participación.
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En el marco del Día Internacional de las Juventudes, conmemorado cada 12 de agosto, preocupa a los organismos que alrededor de 5.4 millones de jóvenes no tengan la oportunidad de estudiar ni de trabajar; y que de esa población el 91.2 por ciento sean mujeres dedicadas al cuidado de alguien o a los quehaceres del hogar.
“Es fundamental la creación de una Ley de Derechos de las Personas Jóvenes que responda a las diferentes realidades, que permita la progresividad y el pleno goce de sus derechos políticos, sociales y económicos en nuestro país”, suscriben los organismos.
Dicho colectivo elaboró un documento técnico respecto a lo que debería considerar una Ley General de Personas Jóvenes, con el objetivo de que las y los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cuenten con un insumo de la sociedad civil para el trabajo legislativo.
El documento explica la importancia de incluir el derecho a la vida, a formar parte de una familia, educación sexual, formación para el empleo, condiciones dignas de trabajo entre otros elementos, que no se reflejan en las propuestas de Ley registradas hasta la fecha.
Además, señalan la importancia de incluir a las juventudes invisibilizadas en las iniciativas, como lo es la juventud indígena, afromexicana, migrante, que residen en un Centro de Asistencia Social o bajo el sistema de protección; con discapacidad o en situación de calle, con el fin de asegurar la igualdad y dignidad de todos los jóvenes del país.
“Las personas jóvenes conforman un sector social clave para el desarrollo de las sociedades, la atención hacia sus necesidades, inquietudes y deseos debería ser especializada. Por eso, esta ley debe ser progresista, innovadora, promotora, defensora y garante de derechos de las juventudes”, coinciden organizaciones en pro de los derechos de las juventudes.
Recordaron que el Poder Legislativo como representantes de la sociedad mexicana, tiene la responsabilidad de formular normativas legales que promuevan, defiendan y protejan los derechos de las y los jóvenes.
“De ahí que sea impostergable contar con una ley integral, transversal y con impacto en los tres órdenes de gobiernos, que permita la operación de acciones estratégicas para el desarrollo de este sector”, suscriben.
LCR