Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo el uso de tecnologías de vigilancia del Estado como el malware Pegasus impactó en la libertad de expresión en México.
En la audiencia regional sobre vigilancia, las organizaciones destacaron que la investigación de Pegasus sigue siendo un pendiente para esclarecer el uso ilegal del malware documentado en el caso Gobierno Espía, pues señalan que a cuatro años del caso no ha sido transparentado.
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Por ello, demandaron conocer la verdad y justicia sobre el uso del malware en contra de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y víctimas.
Sobre la situación de vigilancia en América Latina, Maria Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) mencionó que las personas desconocen que son vigiladas, ni son informadas del impacto de esto, lo cual impide la protección de sus derechos o el acceso a la justicia.
“Esto no es un problema del futuro. Por ello, es necesario que la CIDH desarrolle estándares interamericanos aplicables a los modos en que los Estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidad de vigilancia”, dijo Leoni.
Por su parte, Luis Fernando García director de R3D destacó que el caso Pegasus es el ejemplo más claro de espionaje del Estado pues, aunque diversas autoridades en México lo negaron por años, actualmente está plenamente documentado que al menos la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) lo adquirieron para su uso.
"Se encuentra ampliamente documentado que entre 2014 y 2017, fueron atacadas con Pegasus decenas de periodistas, defensores de derechos humanos, como el Centro Prodh, familiares de víctimas, investigadores, opositores e integrantes del GIEI de la CIDH para el caso Ayotzinapa”, detalló García.
Durante su intervención, Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19 señaló que a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que “ya no habría golondrinas de alambre” no se puede soslayar las torres falsas de telefonía para la recolección de datos y la adquisición y uso sin controles judiciales de tecnologías de vigilancia por parte de la FGR.
"A pesar del compromiso con la transparencia relacionada con Pegasus, ha sido parcial y a cuenta gotas: el gobierno de México no ha entregado información relativa a su adquisición realizadas por la Sedena y la extinta CISEN aun cuando existe evidencia”, destacó Cortés.
Por lo anterior, las organizaciones urgieron a la Comisión Interamericana tener un rol “más activo” para que exhorte a los Estados a garantizar que el uso de tecnologías de vigilancia se ajuste al respeto de los derechos humanos y que cualquier injerencia en la privacidad y otros derechos esté prevista por la ley, persiga un objetivo legítimo.
“La CIDH debe iniciar un proceso regional de consulta para establecer directrices que guíen la adquisición y uso de tecnologías con capacidades de vigilancia, para mantener la vigencia del respeto de los derechos reconocidos por la Convención Americana", mencionó Leoni.
En cuanto al caso mexicano, los defensores de derechos humanos pidieron a la CIDH exhortar al Estado mexicano a dar cumplimiento a transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia, investigar de forma diligente y exhaustiva el caso Pegasus y a hacer las reformas necesarias para controlar su adquisición y uso.
Finalmente, la Comisión Interamericana refirió la gravedad del uso de tecnologías como Pegasus, la importancia de esclarecer la corrupción asociada a su contratación así como la preocupación por su uso por parte de las fuerzas armadas; recalcó que las autoridades deben esclarecer el caso en México de Gobierno Espía y asegurar su no repetición.