Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD que conforman la alianza legislativa Va por México solicitaron formalmente, por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se realice el trámite correspondiente para que, a través del presidente de la Mesa Directiva, se promueva una demanda de Controversia Constitucional, en nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra el llamado “Decretazo”.
Tras acuerdo del gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del año pasado, en el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, asociados a infraestructura.
Decreto gubernamental instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera “fast track”, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México. Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.
Va por México consideró que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
El documento presentado por la alianza afirma que las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, como prioritarios y de seguridad nacional.
Advierten que vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos.
Entre otros puntos para sustentar la demanda indican que el acuerdo viola las atribuciones conferidas exclusivamente al poder legislativo al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución, así como las leyes Federales y Generales que fueron votadas y aprobadas por el Poder Legislativo, por lo que quebranta el principio de división de poderes.
El plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero de 2022.
LG