La diputada local del PRI, Ana González, presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley del Registro Civil para crear el Registro Público de Deudores Alimentarios , a fin de inscribir a quienes por tres meses consecutivos hayan incumplido con sus obligaciones alimenticias.
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Tras entregar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso local, la legisladora manifestó que existen diversas familias con padres o madres ausentes, los cuales, aún y cuando no formen parte de la vida cotidiana de la familia, están obligados a proveer alimentos a sus descendientes.
“Estamos proponiendo crear el Registro Público de Deudores Alimentarios, en el cual se inscribirán a aquellas personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por tres meses consecutivos o por cinco de manera alternada, ordenadas por alguna autoridad competente o por convenio judicial”, señaló.
González indicó que es prioritario el garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con los recursos necesarios para su alimentación, desarrollo y subsistencia.
“El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al corriente del pago de alimentos podrá solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro previa orden judicial”, añadió.
La iniciativa contempla modificaciones al artículo 25 de la Ley del Registro Civil y al artículo 309, 323 Bis 8 al 323 Bis 14 del Código de Procedimientos Civiles.
Proponen regular imagen constitucional del Gobierno del Estado y Municipios
Ante los cambios administrativos del Gobierno del Estado y de los 51 municipios, cada 6 y 3 años respectivamente, Waldo Fernández, diputado local de Morena presentó una iniciativa que busca regular las modificaciones a la imagen institucional de los gobiernos municipales y estatales.
Además permitirá tener ahorros en esa materia, para poder destinar recursos a los temas de relevancia.
“El dinero que se ejerce para cambiar la imagen de oficinas de gobierno, cada vez que inicia un nuevo mandato, es dinero que obedece a intereses particulares y de promoción partidista.
"Es decir, cada tres o seis años, nuestro dinero se utiliza para cambiar la identidad del estado a gusto de un partido político o gobernante; se pintan calles, camiones, uniformes, vehículos oficiales, redes sociales y edificios con su logo o colores”, dijo.