Luego de que el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, expresara que el amparo contra el museo de La Milarca en el parque Rufino Tamayo no procedería, los vecinos que lo promovieron calificaron de desafortunadas las declaraciones del munícipe y aseguraron que no darán reversa al juicio.
Mauricio Fernández expresó ayer que los juicios de amparo contra obras públicas no proceden porque el beneficio colectivo supera el perjuicio personal, de manera que aseguró que se trata de un esfuerzo estéril por parte de los vecinos sampetrinos.
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Ante estas declaraciones, el vocero del Comité Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga, y el presidente del Colectivo Pro Montaña, Enrique Burguete, coincidieron en que continuarán el litigio en los juzgados y a través de la presión social.
"El que tiene que decidir es un Tribunal colegiado, es el que tiene que decir si el amparo está bien o no, si procede o no; si procede pues se le para su capricho al alcalde, sino pues ni modo, yo no le veo mayor problema. El alcalde puede declarar lo que se le pegue la gana, lo que no puede hacer es adivinar qué va a determinar un tribunal colegiado que finalmente son los que deciden.
"Los amparos son precisamente el antídoto para acabar con el caciquismo, con el autoritarismo de las autoridades locales, para eso son los amparos precisamente. El amparo es una institución jurídica que te quita de alguna manera a los caciques y a los caprichosos y a los dueños del terreno. No nos vamos a detener ante la opinión del alcalde", mencionó Martínez Berlanga.
Por su parte, Burguete advirtió que el reglamento municipal se contrapone a las leyes generales en materia de desarrollo urbano, por el cambio de uso de suelo de un área pública a privada.
"Estamos sumamente preocupados nuevamente porque sabemos que las áreas verdes son inalienables (...) la ley general de desarrollo urbano no lo permite, entonces reglamento con la ley están contrapunteados pero eso ya se lo vamos a dejar a nuestro consejero jurídico Alberto Sada para que vea si existe un hueco para detener esta acción municipal", dijo.
"Creemos que puede suceder lo que pasó con los avispones después de muchos años, que esos derechos generales de la ciudadanía queden en derechos privados, ese es el meollo de la situación", concluyó.