Luego de que la plataforma MILENIO-Multimedios informó la semana pasada sobre diversas irregularidades en las cuentas públicas del Parque Fundidora bajo la administración de Artemio Garza Rodríguez, desde el programa Cambios, conducido por Víctor Martínez, se afirmó que hay opacidad en decenas de contratos y múltiples solicitudes de información que quedaron en el olvido.
La activista Liliana Flores dijo que era urgente que se transparentara el ingreso económico por festivales, estacionamiento, conciertos, en el pulmón verde de la ciudad.
“En las cuentas de Parque Fundidora siempre hay opacidad y haz de cuenta que siempre en varias administraciones se han revisado internamente, y yo lo que veo es que hay opacidad en términos públicos e inclusive en las solicitudes de información no te la daban, no te daban nada y (había) tantos festivales, conciertos y las entradas (de eventos).
“Si se siente agraviado el señor Artemio (Garza), que demande al gobernador por difamación, es un golpe político, pero pedimos que en esta administración se transparenten los recursos”, señaló Flores.
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La Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Artemio Garza Rodríguez, ex presidente ejecutivo de Parque Fundidora, y de su entonces director general, Fernando Villarreal, por delitos contra el patrimonio del estado, dado que no fueron cobrados más de 26 millones de pesos por concepto de pensiones para burócratas.
Información a la que tuvo acceso la plataforma MILENIO-Multimedios detalla que el viernes 14 de julio se interpuso la denuncia con diversas pruebas fundamentadas en hechos presuntamente reales, en la búsqueda de que proceda y se sancione a los involucrados.
El 30 de marzo del 2017, durante el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, se aprobó autorizar una pensión para trabajadores del Gobierno del Estado, a razón de un tarifa mensual de 280 pesos para el servicio del estacionamiento E10.
El año pasado se alertó que en la administración de 2015 al 2021 pudo existir una irregularidad porque establecieron una tarifa distinta a la autorizada por el Consejo de Administración, misma que se fijó en un peso mensual.
La administración anterior del organismo presuntamente no realizó seguimiento al acuerdo aprobado por su Consejo, ni mostró la autorización de una tarifa especial de 1 pesos mensual actuando sin justificación jurídica y contraviniendo la normatividad aplicable.
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