La mayoría de los siete vetos que realizó el Estado a diversas reformas de diferentes leyes, que aprobaron los diputados, fueron por falta de presupuesto, justificó Manuel González, secretario general de Gobierno.
En entrevista en los pasillos de Palacio de Gobierno, posterior a la reunión de seguridad, el funcionario estatal señaló que, en estos casos, lo que propondrá el Ejecutivo es crear transitorios en donde se especifique que su entrada en vigor sea hasta el siguiente ejercicio fiscal, para que haya dinero en la ejecución de las mismas.
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"La realidad de esto no tiene que ver con cosas de fondo, en la gran mayoría de ellas tiene que ver con cuestiones presupuestales. Nos encontramos a mitad del año, y lo que queremos es trasladar el establecimiento de estas áreas o estas instituciones en materia de salud, educación y varias que presentan ellos, hacia el nuevo presupuesto. Para que no suceda lo que sucedió y luego andar batallando con el área de desaparecidos o algunas otras áreas que se han estado creando sin presupuesto.
"Lo que vamos a pedir en todas ellas, como lo acabo de hacer con el presidente de la Comisión de Salud, Asael Sepúlveda, respecto al instituto de salud mental que crearon, es pedir si hay áreas de salud que atiendan eso o le ponemos un transitorio para que se vaya hasta el nuevo presupuesto, y pueda entrar en vigor ya con una fijación presupuestal", dijo.
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Adelantó que tendrá reuniones con los coordinadores de las bancadas en el transcurso de esta semana y la que sigue, para plantearles la justificación.
De igual forma, resaltó que no hay una cuantificación monetaria de lo que se requeriría para la entrada en vigor de las reformas.
"La propuesta que nosotros vamos a hacer, repito, como ya lo hicimos en el caso de Salud, es crear un transitorio, y que esta reforma entre en vigor el primero de enero del 2020", concluyó.
Este miércoles el Congreso del Estado informó que se trata del veto al decreto 145, que refiere a la Ley de Protección al Parto Humanitario; al decreto 136 de reforma al Código Penal, para delitos de medio ambiente; al decreto 138 de reforma a la Ley de Víctimas, y al decreto 135 de reforma al Código Penal, para establecer el delito de acoso sexual en el transporte urbano.
También alcanza el veto al decreto 141 del Código Penal, en cuanto a las sanciones al servidor público por enriquecimiento ilícito, al decreto 134 de la reforma a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para establecer el premio al emprendedor, y al decreto 133 a la Ley Cambio Climático.