A 15 años de la tragedia en el Casino Royale, hecho en el que un grupo criminal arrebató la vida a 52 personas, la agenda de justicia toma un nuevo rumbo.
Samara Pérez Muñiz, víctima y colectiva reconocida legalmente dentro del caso, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Macroprocesos Judiciales.
La propuesta surge del laberinto burocrático que ha marcado el expediente principal de la tragedia: la causa penal 203/2011 y sus 14 acumuladas.
Este megaproceso involucra a 25 personas procesadas y suma 101 tomos con casi 70 mil fojas, sobre los cuales se han promovido 26 apelaciones, 22 juicios de amparo y seis reposiciones del procedimiento.
Ante esta saturación, Pérez Muñiz detalló que el objetivo de la legislación es aprovechar las facultades estatales para optimizar la gestión administrativa, la continuidad del servicio público, la evaluación de las instituciones y la atención e información oportuna a los afectados.
"Esta ley puede aplicarse a macroprocesos de distintas materias, entre ellas la penal, civil, familiar, administrativa, ambiental y de responsabilidades", precisó la activista durante su entrega en el Poder Legislativo.
Pérez Muñiz enfatizó que la propuesta respeta la división de facultades, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
"En todos los casos sus mecanismos tendrán naturaleza exclusivamente administrativa y deberán respetar la distribución constitucional de competencias (...). Esta ley no establece ni modifica reglas procesales en materia alguna", aclaró.
La normativa establece un mecanismo para detectar de forma automática cuándo un asunto califica como "macroproceso" mediante criterios cualitativos y cuantitativos.
Entre las herramientas operativas que contempla destacan:
- Registro institucional interoperable y matriz nominal de seguimiento para evitar pérdida de información por rotación de personal.
- Planes de gestión y expedientes de continuidad, con alertas administrativas ante periodos de inactividad.
- Mesas técnicas de coordinación, las cuales operarán sin intervenir ni invadir decisiones de los jueces o magistrados.
- Enlaces de información directa, para que las víctimas reciban datos periódicos, claros y verificables del avance real de sus expedientes.
Pérez Muñiz puntualizó que la ley no busca saldar cuentas del pasado, sino dotar a la entidad de herramientas eficaces para el futuro.
"La Ley no busca señalar culpables ni ajustar cuentas con nadie, sino que las instituciones respondan mejor a quienes las necesitan, sean víctimas o personas procesadas", concluyó.
rahp