Vinculan a proceso a ex funcionario de Arellanes

Por desvío de más de 10 millones

Serafín Treviño Salinas habría cometido el delito contra el patrimonio del Estado

Gabriela Jiménez
Monterrey /

Un ex funcionario de la administración de Margarita Arellanes Cervantes fue vinculado a proceso penal por un presunto desvío de más de 10 millones de pesos.

Serafín Treviño Salinas, quien fue director de Contabilidad y Cuenta Pública en el municipio de Monterrey, habría cometido delito contra el patrimonio del Estado o de los municipios, razón por la que el Poder Judicial del Estado inició el proceso en su contra, según documentos en poder de MILENIO Monterrey.

En la notificación que la autoridad municipal recibió ayer se detalla que hay pruebas suficientes para establecer la existencia de un hecho delictivo.

El 7 de mayo de 2015, el municipio de Monterrey celebró un contrato de apertura de crédito con el Banco Interacciones –dedicado a financiamientos gubernamentales– por un monto de 104 millones 722 mil 840 pesos por el concepto de inversión pública productiva.

Los proyectos a realizarse con esos recursos fueron labores de bacheo, obras complementarias en las avenidas Alfonso Reyes y Garza Sada, un puente vehicular en Camino al Diente, proyectos ejecutivos en puentes de la zona sur y una obra pluvial en la colonia Paseo Residencial.

El depósito fue hecho el 14 de mayo de 2015 en la cuenta bancaria del municipio; sin embargo, de esa cantidad, 10 millones 300 mil pesos que estaban destinados a dicha obra pública fueron transferidos a otra cuenta bancaria del municipio de Monterrey cuatro días más tarde, siendo utilizados para efectuar el pago del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a abril de 2015.

Dicha transacción fue autorizada por Serafín Treviño, en su carácter de Director de Contabilidad y Cuenta Pública del municipio, así como por Rodolfo Cavazos Aguirre, quien entonces fungía como director de Egresos.

El artículo 212 del Código Penal del Estado establece que la pena para este delito es de dos a 12 años de prisión, multa de 50 a 250 cuotas y destitución e inhabilitación de tres a 12 años como servidor público.

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