Un juez de control vinculó a proceso Lorenzo Augusto H. O., ex presidente municipal de Atitalaquia, por peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública estatal.
Los hechos que le fueron imputados a la persona investigada, ocurrieron el 14 de mayo del 2021, en el momento en que el ex alcalde solicitó recursos extraordinarios a la entonces Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del estado de Hidalgo, por 28 millones 3 mil pesos, los cuales fueron autorizados en fecha 24 de junio de 2021.
Dichos recursos fueron requeridos con la justificación de que serían destinados a mitigar los efectos de la pandemia por la covid-19 y se depositaron a una cuenta bancaria a nombre del ayuntamiento de Atitalaquia y posteriormente dicho municipio lo pagó a través de 29 transferencias a la persona moral denominada TEAM XAO S.A. DE C.V., toda vez que el día 8 de julio del año 2021, Lorenzo Augusto H. O., celebró contrato por adjudicación directa, en representación del Ayuntamiento con la empresa moral TEAM XAO S.A. DE C.V.
Derivado de los sucesos antes citados, la autoridad comenzó las indagatorias y con base en los datos de prueba de los que se allegaron agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, se determinó la probable responsabilidad del ex edil priista, en hechos que la ley sanciona como peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en detrimento de la administración pública estatal.
Luego de solicitar la orden de aprehensión contra la persona imputada, esta obtuvo la protección de la autoridad judicial federal contra el mandamiento judicial, motivo por el que la autoridad judicial fijó fecha y hora para la audiencia inicial, misma que se llevó a cabo este 18 de enero de 2024.
Durante la citada audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Lorenzo Augusto H. O., y con base en los datos de prueba aportados por esta representación social, la autoridad judicial obtuvo la vinculación a proceso.
Como medidas cautelares el juez de control impuso no acercase a la presidencia municipal ni a los testigos, además de no salir del estado y separación del cargo.
Se estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.