La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer de la vinculación a proceso de dos exservidores públicos.
¿Quiénes son los imputados?
Tras la investigación administrativa, consistente en la evolución y verificación del patrimonio de Ramón “N”, servidor público, se determinó un incremento injustificable en su patrimonio durante el periodo comprendido del primero de enero de 2012 al 30 de abril de 2017 por un monto de 7 millones 268 mil 750 pesos.
Ramón "N" estaba adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.
La dependencia presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en el marco de la investigación inicial, el juez de Control con sede en Ensenada, Baja California, resolvió vincular a proceso al ex servidor público Ramón “N” por el delito de enriquecimiento ilícito.
Además, tras una investigación administrativa, relacionada con la evolución y verificación del patrimonio de Armando “N” se determinó un incremento injustificable por un monto de 6 millones 500 mil 496 pesos, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2010 al 15 de mayo de 2017.
Armando "N" estaba adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Secretaría Anticorrupción reitera su compromiso con sanciones
La Secretaría Anticorrupción reiteró el compromiso con el debido proceso, donde las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable.
Igualmente, se informó de otras investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de esta Secretaría, las cuales permitieron acreditar que personas servidoras públicas del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en la comisión de faltas administrativas catalogadas como graves.
Como resultado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones a dos personas servidoras públicas que abusaron de sus funciones y realizaron actos para la asignación de recursos financieros, las cuales fueron:
- Hilda M., directora adjunta de Administración, con inhabilitación por diez años y sanción económica por 10 millones 909 mil 784 pesos
- Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio con inhabilitación por 20 años y sanción económica por 10 millones 909 mil 784 pesos.
La dependencia recalcó que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.
“Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no sólo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”, señaló la Secretaría Anticorrupción.
En este sentido, la Secretaría llamó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público.
"Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar las consecuencias”, finalizó.
KL