La abogada y activista Julieta Jocabeth Martínez González, aseguró que constituye violencia de género contra la mujer cuando se atenta contra su dignidad humana y se le afecte desproporcionadamente en relación a su maternidad o embarazo, como el caso de las funcionarias despedidas por el municipio de San Pedro Garza García.
La integrante del colectivo Derecho a Gobernar se refirió así a los casos de María Martha Alicia Díaz, quien falleció a causa de cáncer; María del Refugio Ramírez Canizales, quien padece también esta enfermedad, y Leslie Hernández Ibarra, quien tenía 8 meses de embarazo en el 2019, cuando las tres fueron despedidas de su trabajo como funcionarias públicas del municipio de San Pedro Garza García.
"En efecto, presuntamente se violaron algunos de sus derechos como la seguridad social, el trabajo digno, a formar una familia, a la salud, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia.
"La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que hay violencia contra las mujeres cuando exista un acto u omisión basada fundamentalmente en su género, que atente contra su dignidad humana y que le afecte desproporcionadamente o se dirija a ellas por ser mujeres, en esa consideración se puede desprender que todo lo relacionado con la maternidad o el embarazo constituye violencia de género", señaló.
Martínez González indicó que el despido por embarazo no es cosa del pasado, ya que entre enero del 2011 y marzo del 2020 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió un total de 723 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con el despido por embarazo.
Según la Conapred, dijo, Nuevo León es uno de los estados en los que más se comete el delito de discriminación, y entre las principales causas se encuentran el estado de salud y el embarazo.
"El Código Penal para el Estado de Nuevo León lo contempla en el Artículo 353 bis y lo sanciona con pena de prisión y multa.
"Para solucionar el problema que embarga al país en violencia de género, es importante que las instituciones no sean candil de la calle, obscuridad de la casa”, comentó la activista.
La integrante del colectivo indicó que resulta indispensable que haya voluntad de cambiar y que se realicen capacitaciones en prevención y atención de la violencia, así como en perspectiva de género para que el Estado no sea parte del problema de conductas antisociales contra las mujeres en las que viole derechos humanos en razón de género.
El martes pasado, tras una denuncia pública hecha por Mauricio Fernández, candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, dos ex funcionarias con cáncer y otra embarazada alzaron la voz tras ser despedidas de manera injustificada desde el inicio de la administración independiente de Miguel Treviño de Hoyos.