El clima de violencia ha comenzado a acechar el proceso electoral del 2024, cobrando a su paso la vida de precandidatos a algún cargo público y de militantes de partidos políticos.
Fue el 7 de septiembre del 2023 cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de “las elecciones más grandes”. Desde entonces, y de acuerdo a registros del portal Integralia con corte al 7 de febrero, ocho aspirantes han sido asesinados en diferentes estados de la República; ello sin considerar a Juan Pérez Guardado, cuñado de Ricardo Monreal y quien habría tenido intenciones de contender por la alcaldía de Fresnillo, Zacatecas.
Su nombre de pila y su primer apellido se asomaban en algunas paredes de la cuna de la dinastía Monreal: “Juan Pérez” se leía con letras guindas sobre un fondo blanco, aludiendo a que Morena, el partido en el poder estatal, sería el transporte que lo llevaría al ayuntamiento.
El cuerpo del también empresario minero quedó tendido en el pavimento luego de que sujetos armados abrieron fuego en su contra, en lo que autoridades presumen como un presunto ataque directo. La noticia se dio a conocer el 7 de febrero, tan sólo horas antes del homicidio del hermano del presidente municipal de Sombrerete, Cecilio Murillo.
Un par de días después el Partido Revolucionario Institucional (PRI) suspendió su gira de trabajo con la militancia de Colima tras la muerte de su militante Alfredo Chávez González, Secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez asesinado el 9 de febrero mientras hacía ejercicio.
“Lo que está ocurriendo en el país está a la vista de todos“, condenó el dirigente nacional Alejandro Alito Moreno y exigió dar con los responsables del hecho que se aúna a los otros 21 crímenes contra funcionarios públicos y aspirantes que Integralia ha registrado en el 2024— los cuales van desde homicidios, hasta secuestros y destrucción del patrimonio.
Los focos rojos
Las hostilidades han intensificado los llamados de las militancias a las autoridades para reforzar los protocolos de seguridad de aspirantes y figuras de la política de cara a las elecciones del 2024. Aunque algunas partes han rechazado que la magnitud de la problemática amerite señalar una posible interferencia del crimen organizado.
Pero información de Data Cívica arrojó que enero del 2024 cerró como el más violento de los últimos cinco años; incluso más que el del 2023, “el año con más violencia criminal-electoral” en México, según declaró la directora ejecutiva, Mónica Meltis, en entrevista con MILENIO Televisión.
El INE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejército Mexicano coordinarán esfuerzos para la protección de aspirantes siempre y cuando así lo soliciten al órgano electoral. No obstante, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, aclaró que el Instituto no está facultado para identificar las zonas de mayor riesgo electoral en el país.
Por su parte Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, afirmó sin mayor detalle que la dependencia federal tiene identificadas “zonas que ameritan más atención que otras” y a las cuales se les prestará atención de acuerdo a las solicitudes de protección que reciba el INE.
De los ocho asesinatos registrados por Integralia del proceso 2024, siete ocurrieron en zonas con “Nivel Muy Alto” de intervención del crimen organizado (CO): “Ninguna entidad está a salvo”, advierte la organización el Primer Reporte de Violencia Política.
Tres de las nueve entidades que renovarán gubernatura se encuentran en esa escala: Jalisco, Morelos y Chiapas; compartiendo el listado con Colima, Guerrero y Michoacán. Esta designación se debe a que en dichas demarcaciones se registraron los cinco factores que Integralia identificó para una eventual intervención del CO: presencia de mercados ilícitos, grupos en conflicto armado, débil estado derecho, elecciones a presidencias municipales y territorios estratégicos con alta competitividad electoral.
Tabasco, Guanajuato y Veracruz también cambiarán a sus gobernantes el próximo 2 de junio, en un clima de violencia que los colocó en el “Nivel Alto” de intervención del CO junto a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México y Tabasco.
Por su parte la Ciudad de México (CdMx) y Puebla se hallan en un “Nivel Medio”, mientras que Yucatán en el “Nivel Muy Bajo”.
Elecciones municipales, un riesgo latente
Cabe recordar que en las elecciones del 2024 se disputarán 1,802 presidencias municipales de los 32 estados de la República. Un dato que enciende aún más las alertas de partidos políticos y organizaciones, pues dichos cargos (y quien aspire a ellos) son los más vulnerables a los grupos delictivos.
“Someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos (como la colaboración de policías para: i) operar con plena impunidad, ii) diversificar sus actividad, y iii) neutralizar a sus rivales”, destaca Integralia.
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El 21 de diciembre del 2023 se reportó el asesinato de Ricardo Taja Ramírez, militante de Morena y aspirante a la presidencia municipal de Acapulco. El guerrerense falleció tras ser ejecutado en una pozolería de la Zona Diamante; ese mismo método fue empleado contra David Rey Gonzáles, precandidato del PRI para la alcaldía de Suchiate asesinado en Chiapas el 5 de enero del 2024.
Aquel viernes también se reportó el homicidio de Alfredo Giovanni Lezama, de Acción Nacional (PAN), en Morelos, y Sergio Hueso de Movimiento Ciudadano (MC), en Colima: el primero precandidato a una diputación local y el segundo a la Presidencia Municipal de Armería.
Seis días después, el 11 de ese mes, el partido del Águila Naranja condenó la ejecución en Michoacán de su comisionada Miriam Nohemí Ríos, aspirante a la regiduría del ayuntamiento y líder del Colectivo LGBT+ en Zamora.
Enero todavía no acababa y para el lunes 15 se registró otro deceso de la comunidad LGBTIQ+ pero desde la capital de la República: se trató de Samantha Gómez Fonseca, activista trans que anhelaba con ocupar un curul en el Senado de la República.
La pareja Marcelino Ruiz y Guadalupe Guzmán Cano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue ultimada en la carretera Chilapa de Álvarez-Tlapa de Comonfort, Guerrero a bordo de la camioneta Tacoma-Toyota en la que se transportaban con destino a Chilpancingo.
Mientras que el primer día de febrero el Partido Verde Ecologista (PVEM) de México alzó la voz por Jaime Vera Alaniz, su precandidato al municipio de Mascota, Jalisco, asesinado por tres impactos de bala: un mortal en el cráneo, otro en la muñeca izquierda y uno más en el lado derecho del abdomen.
ASG