De aprobarse la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, como lo propone la reforma judicial, cada ciudadano tendría que votar por los titulares de unos 39 cargos, para lo que debería conocer aproximadamente a 282 personas candidatas, y tardaría 30 minutos dentro de la casilla para emitir todos sus votos, estimó un análisis del colectivo La Justicia que Queremos, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Así lo expusieron especialistas en un taller dirigido a medios de comunicación, en el que se expusieron algunas de las implicaciones y consecuencias que traerá la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial, en la que se pretende renovar a casi 7 mil personas juzgadoras a nivel federal y local.
El taller fue convocado por la Fundación para la Justicia, que dirige Laurence Pantin, politóloga, periodista y especialista en independencia judicial.
La estimación que hizo el colectivo calculó el número de jueces y magistrados federales por las que cada ciudadano debería votar en la Ciudad de México, tomando en cuenta la cantidad de juzgadores que pertenecen únicamente al Primer Circuito Judicial, correspondiente a la capital del país, además de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A ese cálculo, habría que aumentar los números de cargos por elegir correspondientes al Poder Judicial local.
“Frente a la cantidad de personas candidatas que se necesitarían conocer para poder participar en la elección, el dictamen mantiene un número absurdo de personas candidatas”, dice el análisis del colectivo.
Además, el colectivo tomó en cuenta datos del Instituto Nacional Electoral (INE), que, durante el proceso electoral 2019-2020, estimó que las personas se tardaban, en promedio, 44 segundos para votar por un cargo; así, si la elección implicará emitir 39 votos por persona, cada votante necesitaría aproximadamente media hora para emitir todos sus sufragios.
“Dado que en cada casilla hay mil boletas, se necesitarían más de 50 días para que todas las personas puedan votar; eso es sin tomar en consideración las responsabilidades que tendrán que elegirse a nivel local”, expuso el análisis.
Observatorios en lugar de voto popular
Laurece Pantin aseguró que existen otras alternativas para garantizar la participación ciudadana que no necesariamente sea el voto popular.
Una de ellas, dijo, es la creación de observatorios ciudadanos que vigilen los concursos de oposición mediante los cuales los jueces y magistrados pueden avanzar en su carrera judicial, basados en el mérito y los conocimientos.
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Entre las contrapropuestas de la Fundación para la Justicia están la de perfeccionar el sistema de carrera judicial, como, por ejemplo, extender a todos los estados la obligatoriedad de los concursos de oposición para la selección de magistrados, pues en la mayoría de las entidades federativas, esos cargos son elegidos por el Ejecutivo y el Legislativo.
Además, garantizar una mayor transparencia en los concursos de oposición, los cuales deben ser completamente abiertos y públicos, en tiempo real, a toda la sociedad, y con la participación de un observatorio ciudadano, como ocurre ya en el Poder Judicial de Querétaro.
Asimismo, propuso la inclusión de acciones afirmativas para garantizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, como grupos indígenas y personas con discapacidad, en los concursos para ocupar plazas jurisdiccionales.
Pantin también cuestionó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pues el dictamen incluye conceptos ambiguos y muy generales de causales para sancionar al personal judicial y advirtió que abre la posibilidad de que los jueces, magistrados y ministros sean investigados por el sentido de sus sentencias, si bien no explícitamente, sí de manera velada.
Además, destacó que se percibe una falta de independencia entre la primera y la segunda instancia que investigarán y sancionarán, respectivamente, las faltas administrativas del personal judicial, lo que va contra los estándares internacionales.
El colectivo destacó que la iniciativa de reforma judicial no está tomando con seriedad los costos que traería la renovación de todos los titulares de órganos jurisdiccionales.
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Susana Camacho, especialista de la organización México Evalúa, expuso que entre los costos directos que deben considerarse están la cobertura de derechos laborales de los actuales trabajadores de los poderes judiciales federal y estatales, cuyas plazas serán rescindidas y que deberán ser indemnizados conforme a su antigüedad, que puede alcanzar hasta los 30 años de trabajo.
Además, deben considerarse los costos de organizar una elección de más de siete mil puestos judiciales por todo el país y los costos de capacitación de quienes llegarán a los cargos judiciales.
Sumado a ello, se deberá considerar como un costo indirecto el incremento en el rezago en la resolución de asuntos ocasionado por la interrupción de las labores de los juzgadores actuales y el inicio del nuevo personal judicial que llegue.
Ministros íntegros e independientes
Itzel Checa, coordinadora de Observatorio de Designaciones Públicas, dio recomendaciones sobre modificaciones que deben hacerse en los requisitos de las personas que participarán en la elección para ocupar un cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La especialista consideró que los comités de evaluación que definirán las listas de aspirantes a un cargo de ministro deben tener reglas claras, garantizar la transparencia total de su actuar y permitir la participación ciudadana, mediante la que especialistas y ciudadanos puedan vigilar su actuar.
Checa expuso que debe cambiarse el concepto de “buena reputación” por el de “reconocimiento e integridad pública”, como uno de los requisitos que debe cumplir la persona aspirante.
Recomendó sumar la obligación de presentar una “3de3” contra la violencia de género para poder acceder al cargo.
Asimismo, consideró que se debe añadir, a los ya establecidos, limitantes adicionales para que quienes aspiren al cargo no hayan ocupado, en los últimos tres años, no sólo en el último, los cargos de Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, subsecretaría de Estado o alguna de las cuatro posiciones de mayor jerarquía de una secretaría federal o estatal, ni que hayan pertenecido activamente a las Fuerzas Armadas.
También opinó que se debe reforzar la limitante para que, quien pretenda ser ministro o ministra, no haya sido militante de un partido político, ni haber sido postulado por algún partido a un cargo de elección popular en los últimos tres años.
Checa añadió que, tal como lo establecen los estándares internacionales en materia de designaciones públicas, cualquier duda sobre la idoneidad de un aspirante sea motivo para descartar su postulación.
EHR