La dirigencia nacional provisional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inició una auditoría al uso de los recursos del partido durante los últimos tres años para aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos, realizados durante la gestión de Yeidckol Polevnsky, mismas que, en algunos casos hizo sin la firma del secretario de Finanzas del partido.
De dicha auditoría dependerá la ruta legal que tomará el partido debido a los costos en los que fueron adquiridos.
Destacan entre las compras tres inmuebles adquiridos en la ciudad de México por 332 millones de pesos; el más caro, por 215 millones en la calle de Hamburgo; uno en la calle de Liverpool, por 75 millones de pesos, así como la casona de Chihuahua, actual sede nacional por 42 millones de pesos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del partido, fue facultado por la mayoría de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, para solicitar asesoría de abogados especialistas en materia civil, mercantil, administrativa y penal, “para que emitan un dictamen sobre las posibles faltas y rutas que jurídicamente se puedan emprender”.
Una revisión a las adquisiciones realizadas y entregadas por Joel Frías Zea, secretario de Finanzas de Morena, al Comité Ejecutivo Nacional, detectó que más del 50 por ciento de la compra de inmuebles y remodelaciones fueron sugeridas por el empresario Enrique Borbolla García, propietario de Grupo EBOR, quien ya había recibido, a través de dos empresas filiales, contratos por 394 millones de pesos que contaron solo con la firma de Polevnsky.
El CEN morenista acordó que una vez concluidos los avalúos y dictámenes legales, se definirá el destino de los inmuebles comprometidos y en su caso la conclusión del contrato correspondiente, además de entrar en diálogo formal con los contratistas para exponer la situación actual y la falta de definiciones.
También se determinó requerir “de manera inmediata e impostergable” a Polevnsky Gurwitz, para que haga entrega de los contratos y anexos en original de cada inmueble comprado y comprometido, así como de los contratos de obra correspondientes.
La secretaria general de Morena, quien fungió como presidenta en funciones desde noviembre de 2017, fue requerida en tres ocasiones para que entregara documentación y explicara el proceso de compra de los inmuebles, sin embargo no se presentó, por lo que el CEN de Morena ordenó iniciar a partir de hoy la auditoría a los estados financieros, además dio parte de la Comisión de Honestidad y Justicia para que investigue el proceso de compra de los inmuebles de las sedes locales, ya que en algunos casos no se contó con el aval de las dirigencias estatales.
“Se ordena se corra traslado a la Comisión para que indague y, en su caso, sancione si es que se emitieron actos que estime violatorios del estatuto de Morena, en cuanto a las funciones de cada secretario sobre la contratación y pagos referidos”.
De acuerdo con una nota informativa de la minuta de la más reciente reunión del CEN de Morena, a la cual no asistió Polevnsky, ni de manera virtual, se acordó hacer nuevamente el avalúo de los inmuebles adquiridos y cuya instrucción de pago, en algunos casos, solo contó con la firma de la entonces presidenta en funciones de Morena, de acuerdo con el testimonio del secretario de Finanzas.
Del informe se desprende que el total del costo de los ocho inmuebles adquiridos y pagados en su totalidad asciende a 127 millones 305 mil pesos. Respecto a los inmuebles que se adeudan y se encuentran comprometidos para su finiquito bajo el concepto de “apasivados”, el total del costo de los cinco inmuebles es de 288 millones 200 mil pesos, de los cuales se han pagado 97 millones y se adeudan cerca de 191 millones de pesos. A esos montos se suman los 394 millones de pesos pagados a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Mirando, Proyecto y Construcción SA de CD, filiales de Grupo EBOR.
Sobre los inmuebles que tienen un contrato de promesa de compraventa, el secretario de Finanzas, informó que suman 433 millones de pesos, aunque hasta ahora no hay trámite alguno para su adquisición.
“Más del 50 por ciento de los inmuebles propuestos para su compraventa, fueron propuestos por Enrique Borbolla García, del mismo grupo EBOR”, reveló al CEN el secretario de Finanzas.
Borbolla García, originario de Querétaro, fue acusado en 2014 de fraude maquinado en Quintana Roo por la venta de una aeronave por 2.5 millones de pesos pero nunca la entregó. El empresario salió bajo fianza.
En 2012 fue precandidato del PRD a presidente municipal de la capital queretana. Años después inició acercamientos con Morena y en el pasado proceso electoral de 2018 se le consideró como aspirante.
jlmr