La muerte del agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés), Jaime Zapata, así como las graves lesiones sufridas por el ahora ex agente Víctor Ávila Jr. en una emboscada a manos de Los Zetas, hace nueve años, fueron consecuencia de decisiones equivocadas que tomaron sus superiores asignados en México.
Estos errores se dieron luego de nublar su razón con la obsesiva idea de cumplir una misión de alto perfil —de la que no se aportan más detalles, pero se sabe que fue en la época de la llamada "guerra contra el narco"— y de esta manera, beneficiar sus carreras.
Así lo revelan una serie de documentos de distintas agencias estadunidenses, incluido el propio ICE, a los que MILENIO pudo acceder y en donde se desmenuza una denuncia hecha por el propio Ávila, sobre la misión que, por una u otra razón, salió terriblemente mal y que desglosaremos a lo largo de cuatro entregas.
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La Oficina de Responsabilidades Profesionales del ICE, en conjunto con el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) investigaron el caso. En total se interrogó a 40 personas, de acuerdo con el reporte DI-19-0071. Los interrogatorios se dieron desde febrero de 2011, luego del ataque, hasta mayo de 2019.
Uno de ellos, cuyo nombre permanece testado al igual que el de todos los involucrados, declaró que los encargados en la Ciudad de México del HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés), la rama investigativa del ICE: “estaban enamorados del caso (para el que se solicitó equipo electrónico desde Estados Unidos)” y creían que, “si era exitoso, beneficiaría sus carreras”.
Más adelante, en el documento fechado en junio de 2019, se explica que uno de los interrogados —no se aclara si es el mismo declarante de la cita anterior— creía que “estas aspiraciones (de los encargados del HSI en la CdMx) nublaban sus habilidades para tomar decisiones sensatas sobre el caso”.
En el reporte hay otra reiteración de cómo los oficiales al mando estaban cegados: “(nombre testado) declaró que creía que la administración de HSI en la capital permitió que su deseo de ejecutar con éxito una investigación de alto perfil suplantara su buen juicio”.
Sobre las armas, utilizadas por el comando de Los Zetas que atacó a los agentes estadunidenses en la carretera de Matehuala, en San Luis Potosí, Mary Zapata, madre del agente asesinado, ha declarado en varias ocasiones a distintos medios estadounidenses que éstas llegaron hasta las manos de los criminales, luego de que entraron a México como parte del operativo “Rápido y Furioso” implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Los republicanos Charles Grassley y Darrell Issa han respaldado esa versión y en el pasado exigieron al Departamento de Justicia que aclare los hechos, donde un agente federal perdió la vida en medio de la llamada “guerra contra el narco”.
Por su parte, la ATF negó que arsenal del operativo que introdujo por la frontera norte, dos mil 500 armas con chip para que fueran vendidas en México a presuntos criminales y luego rastreadas hasta ellos, estén vinculadas al caso de Zapata y Ávila.
Esta historia, que involucra el primer asesinato de un agente estadunidense en suelo mexicano, desde el de Enrique Kiki Camarena en el ya lejano 1985, de acuerdo con el reporte de la OPR entregado a petición del encargado de la Oficina del Consejo Especial (OSC, por sus siglas en inglés) Henry Kerner —que investiga irregularidades en el caso—, empieza en noviembre de 2010.
AESC/evl