Por mayoría de votos y sin importar la antigüedad del elemento policiaco, el Congreso local avaló dar 3 meses de liquidación a los policías que fueran dados de baja por remoción, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio injustificada.
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Durante una debate en Pleno, Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que las Instituciones Policiales estarán obligadas a pagar la indemnización y las partes proporcionales de las prestaciones que le correspondan al momento de la terminación del servicio, sin que, en ningún caso, proceda la reincorporación por cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
“En todo caso, la indemnización consistirá en tres meses de sueldo base. Las demás prestaciones comprenderán el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el interesado por la prestación de sus servicios.
“Los cuales se computarán desde la fecha de su separación, baja, cese o remoción, hasta por un periodo máximo de doce meses”, mencionó Caballero.
En respuesta, Waldo Fernández, de Morena, consideró que lo que dispone la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transgrede los derechos humanos de los elementos policíacos, por lo que exigió al gobernador Samuel García vetar la Ley.
“Todas las personas tenemos los mismos derechos que reconoce la propia Ley Fundamental y los Tratados Internacionales y no por el hecho de ser elemento de seguridad pública, deben tener menores derechos laborales. No hay ciudadanos de primera y de segunda, todos somos iguales. Hacer una distinción de esta magnitud y negarles el derecho a ser reinstalados, en medio de una crisis de inseguridad, es afirmar que los integrantes de los cuerpos de seguridad no merecen los mismos derechos que los demás.” consideró.
El dictamen presentado fue un proyecto de decreto que reforma, por adición, un segundo y tercer párrafo al Artículo 198 Bis 30 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, y por modificación del Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.
Por último, Eduardo Gaona, coordinador de MC, aseguró que el tema aprobado es avalado por la Constitución Federal.
“No les estamos restringiendo en trabajar en otros ámbitos de la seguridad estatal, no se van a boletinar”, justificó el emecista.