El Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, precisó que de los 126 centros de rehabilitación que existen en el estado de Guanajuato, solo 13 cuentan con las certificaciones pertinentes; aunque estimó que podría haber más operando bajo clandestinidad.
El tema de los anexos irregulares ha sido una situación preocupante dentro de la entidad, debido principalmente a múltiples situaciones que se han presentado en municipios como Irapuato, las cuales van desde venta de drogas, hasta secuestros y asesinatos.
El Secretario de Salud de Guanajuato, ha comentado que se ha trabajado de distintas formas para evitar estos sucesos y que la cantidad de anexos clandestinos vaya en aumento.
“Esta administración, después de los antecedentes, han implementado barreras de seguridad; se han acercado a COFEPRIS, se han acercado con entes que están especializados en este tema para revisar sus protocolos”, refirió Daniel Díaz Martínez.
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Precisó que, para operar de manera regular, estos deben contar con certificaciones ante Cofepris, Conadic y la Secretaría de Salud, pero son pocos los centros que se han acercado a estas instancias para realizar los trámites correspondientes.
Por otro lado, la estimación que existe sobre un mayor número de anexos irregulares se debe a que estos cambian de lugar con bastante frecuencia; sin mencionar que solo son de su conocimiento aquellos que les son reportados.
“En cuanto sabemos nosotros acudimos a hacer una verificación, pero seguramente, o probablemente, puede haber todavía, a pesar de los esfuerzos, alguien. Porque se cambian de domicilio, de casa, con mucha frecuencia, y no nos notifican”, explicó Díaz Martínez.
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Dijo que, principalmente, las autoridades municipales continúan trabajando de la mano con el Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, a fin de que más sucesos lamentables no tengan lugar al interior de los centros.
Nicolás Pérez, quien es presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), comenta que si bien hay muchos dueños que no tramitan sus acreditaciones para continuar realizando actividades delictivas, hay muchos otros que no lo hacen por falta de recursos.
En entrevista, explicó que hay muchos anexos que cuentan con permisos, como el de uso de suelo; pero que, por ser pequeños, no pueden costear las acreditaciones, considerando además que tampoco tienen acceso a apoyos gubernamentales.
“Luego, a veces, nos falta algún documento como el uso de suelo […] pues ahorita la mayoría de los centros que representa el CRUB ya cuenta ya mayoría con su permiso de uso de suelo. Hay otros que no quieren regularizarse por situaciones que no les conviene, por situaciones que luego a veces andan los chavos robando”, dijo.
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Hizo énfasis en que, si bien los permisos que solicitan las autoridades son necesarios, hace falta prestar atención a otras problemáticas que se presentan estos centros, como las carencias económicas o las situaciones violentas que se viven, tanto desde el interior, como desde el exterior.
Aunado a ello, recomendó prestar atención a las características de las personas que solicitan estos permisos para sus propios anexos, pues muchas veces se desconoce si cuentan con las aptitudes para ejercer esta labor.
“Los sueltan sin pensar a quién se los dan. Llega una persona así, con aviso de funcionamiento, se los dan, pero sin ver a lo que te dedicas, traes alguna referencia que te ampare para poder ejercer esta labor que hacemos nosotros, de salvar vidas”, manifestó.
Desde su perspectiva, todas estas situaciones han traído consigo un gran descontrol, pues son cerca de 200 los que, desde su estimación, no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para operar, lo cual ha provocado que municipios como Silao se conviertan en un foco rojo que, si no es atendido a la brevedad, podría terminar en tragedia.
PCQG