Pese a que en octubre del 2020 el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, donde se establecen multas y hasta 36 horas de arresto para quien las realice, hasta el momento ningún municipio ha presentado denuncias ante el ministerio público por esta razón.
La situación se torna grave cuando con un 70 por ciento de llamadas falsas al número de emergencias 9-1-1, el estado de Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional en incidencia, de acuerdo al Centro Nacional de Información, pues durante el 2021 la entidad recibió más de 3 millones 382 mil llamadas, de las cuales 2 millones 321 mil resultaron falsas o improcedentes.
El primer lugar lo ocupa el Estado de México con 3 millones 723 mil llamadas, mientras que el segundo sitio es la Ciudad de México con dos millones 747 mil.
"La ley tiene todos los elementos para que los municipios hagan las denuncias correspondientes porque se requiere hacer una denuncia, no han bajado las llamadas no procedentes o de broma, porque los municipios no han hecho su tarea, no han hecho denuncias.
Lo establece perfectamente la ley y entonces los municipios tienen que hacer sus denuncias, simple y llanamente no han hecho su tarea, al contrario, pues han aumentado las llamadas no procedentes”, explicó el Diputado local Miguel Salim, quien presentó dicha ley.
En el 2020 cuando dicha ley fue aprobada, las llamadas en falso representaban un 60 por ciento del total, la última actualización arroja un alza del 10 por ciento para llegar al 70 por ciento.
Según el reporte citado del total de llamadas que resultaron improcedentes en el estado de Guanajuato, la gran mayoría fueron llamadas mudas, seguidas por llamadas que no eran por emergencias, en tercer lugar, fueron las llamadas de broma por niños, le siguen insultos o llamadas obscenas realizadas por adultos y en una cantidad mínima por transferencias de llamadas.
Cada una de estas llamadas tiene como consecuencia, en el peor de los casos, la puesta en acción de un equipo especializado, utilizando recursos humanos y materiales que generan costos de operación y en el peor de los casos pueden llegar a costar vidas humanas.
"Tienen que hacer una denuncia, mediante ministerio público y este a su vez solicita a la empresa de comunicaciones la información de la persona que tiene contratada la línea telefónica, así de sencillo ya pueden realizar las denuncias”, dijo.
En Guanajuato, del total de llamadas que resultaron verdaderas el 61 por ciento estuvieron relacionadas a personas violentas, sujetos sospechosos y violencia familiar, 13 por ciento fueron para servicios de asistencia, 10 por ciento se relacionaron con emergencias médicas, 5 por ciento, para apoyo de protección civil y el 11 por ciento restante en otros servicios.
“La llamada de broma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, además del gasto económico que realizan al estar recibiendo llamadas de broma no procedentes se vuelve poco eficiente el 9-1-1 por tanta llamada de broma que reciben. Conviene a los municipios porque bajarían los gastos de costos en sus sistemas de C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo) porque sería innecesario tener tantos telefonistas”, concluyó el legislador.
PCQG