Unos dos mil 391 miembros de la comunidad de investigación y de la sociedad civil enviaron un exhorto a los legisladores para detener la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y presentada por el Ejecutivo federal ante la Cámara de diputados el pasado 13 de diciembre de 2022, por considerarla antidemocrática y excluyente.
“Solicitamos al Poder Legislativo que se detenga esta iniciativa y se abran espacios reales de participación en los que se incluyan para su discusión las demás iniciativas que se han presentado al poder legislativo. Queremos contribuir a construir en conjunto una ley de ciencia, tecnología e innovación que favorezca un verdadero pensamiento crítico, a la altura de los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales del país, y que incorpore las experiencias exitosas y los avances científicos y humanísticos para avanzar hacia un México moderno, equitativo y sustentable. La comunidad académica tiene mucho que decir para lograrlo. Abramos el diálogo”, expresó.
Se trata de una propuesta, de acuerdo con los investigadores, que restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años, de acuerdo con el posicionamiento.
La iniciativa, además, afecta drásticamente a diversas comunidades y al país en su conjunto: a los investigadores y técnicos de los centros públicos de investigación (CPI), que serán clasificados como funcionarios públicos, lo cual vulneraría su estabilidad laboral y su libertad de investigación.
“A sus centros se les eliminan todos los espacios de autonomía y su actividad que es una parte importante de la ciencia mexicana- será sometida al arbitrio de alguna dependencia oficial, distinta para cada centro'', dijo.
“A investigadores e investigadoras de ciencia básica y de frontera, quienes estarán limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno de Conacyt, para poder acceder a financiamiento para sus proyectos. A investigadores e investigadoras que laboran en universidades privadas, a quienes se les discrimina al negarles el derecho a ser tratados de forma semejante a cualquier académico dedicado a la investigación'', añadió.
También a estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras, cuya carrera científica se verá obstaculizada por una propuesta que reduce el presupuesto para apoyos y becas; que les acota la libertad académica para escoger temas de investigación, limita los espacios para la movilidad nacional e internacional, y que dificulta su inserción laboral al transformar y deformar el programa de cátedras.
“A todas las comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación, que verán limitada su libertad para buscar, generar y transmitir conocimientos y no tendrán espacios para ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas'', dijo.
“A las empresas innovadoras, que quedan marginadas del apoyo del Estado a sus proyectos, lo que las coloca en una desventaja ante competidores internacionales que sí reciben recursos en sus países”, agregó.
De igual forma a la sociedad mexicana en su conjunto que no podrá contar con un modelo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación de vanguardia, acorde a los retos ambientales, económicos, sociales que el país requiere atender en el mediano y largo plazo.
Es indispensable, de acuerdo con el posicionamiento, garantizar un presupuesto justo para impulsar el desarrollo y transferencia de conocimiento de todos los campos del saber. Como señalan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (OEA, 2021), "la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico”.
En otro oficio, David Romero Camarera, investigador Titular C Centro de Ciencias Genómicas, UNAM, convoca al Congreso de la Unión que trabaje en Parlamento Abierto y en comisiones unidas de las dos Cámaras, con el fin de discutir de manera amplia e incluyente la iniciativa para la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), presentada por el Ejecutivo Federal el 13 de diciembre de 2022.
“El atento exhorto fue integrado inicialmente por un grupo independiente y plural de investigadores y colaboradores de instituciones públicas y privadas, de colectivos como ProCiencia Mx, funcionarios estatales de REDNACECYT y colaboradores de asociaciones universitarias, que trabajan para promover investigación para atender los problemas nacionales y fortalecer la mejora de la educación superior. Entre los convocantes están: Carlos Arámburo, Gabriela Dutrénit, José Franco, Teresa García Gasca, Bernardo González Aréchiga, Alma Maldonado, Carlos Iván Moreno, Martín Puchet, Cristina Puga, José Roldán, David Romero, José Luis Solleiro y Brenda Valderrama”, expresó.
Es importante señalar que la lista de firmantes continuará abierta para nuevas adhesiones, durante todo el proceso de análisis de las iniciativas.
“Estamos convencidos de la gran importancia que tiene para nuestro país el contar con una ley moderna e incluyente, basada en un federalismo abierto y maduro”, agregó.
MBG