El ex gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, promovió un amparo contra actos del juez de control que tiene en sus manos su caso.
La demanda de garantías fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en la mencionada entidad, pero ésta no ha sido admitida a trámite por el juez Víctor Hugo Alejo Guerrero.
- Te recomendamos Vinculan a proceso a 'El Bronco', ex gobernador de Nuevo León Sociedad
El juzgador solo publicó un acuerdo donde previene al ex mandatario estatal que aclare su demanda.
De acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Amparo, los jueces pueden requerir al promovente que aclare la demanda, cuando ésta presente deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse.
Por ejemplo, alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, es decir, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación.
Asimismo, el nombre y domicilio del tercero interesado; la autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. O los conceptos de violación, entre otros.
Cuando no se acompañe el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; que no se haya expresado con precisión el acto reclamado; y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.
Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura.
El ex mandatario sostendrá hoy a las 16:00 horas la audiencia inicial de su caso, en donde la Fiscalía Especializada buscará imputarlo por delitos electorales y uso de recursos públicos.
Fuentes confirmaron que la solicitud de vinculación por este segundo delito es con base al hallazgo de que la anterior administración pagó a una empresa boletinada como facturera por la Secretaría de Hacienda, para que ésta a su vez cubriera los salarios de los 572 ex funcionarios que recolectaron firmas a favor de Rodríguez Calderón.