La crisis de violencia que se presenta actualmente en Nuevo León hace recordar la peor etapa de inseguridad que se vivió hace poco más de una década. Entre 2010 y 2013 fueron miles de homicidios y víctimas colaterales. Para estos últimos y en lo consecuente se creó un Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado que poco ha servido para los afectados de aquel entonces.
La plataforma MILENIO-Multimedios recabó testimonios de gente que fue registrada y nunca recibió el apoyo.
Un caso es el que relató Isabel Rivera Izaguirre, madre de una joven desaparecida y abuela de una niña de la que se hizo cargo desde entonces.
El 15 de febrero de 2010, Guadalupe Jazmín Torres Rivera, de 22 años, caminaba por calles de la colonia Los Fresnos, en Apodaca, cuando fue secuestrada. En una semana en la misma zona, un grupo delictivo levantó en total a 12 mujeres de las que hasta ahora no se sabe nada, fue un hecho que provocó grandes repercusiones emocionales y económicas en su familia.
La madre de la víctima relató que al interponer la denuncia por la desaparición de la joven se encontró con los padres de otras mujeres desaparecidas.
“Me dice: ‘¿qué es lo de usted?’, le digo: ‘levantaron a mi hija’. El viejito bolero me dijo que ‘fue una camioneta, las acaban de levantar’, pero yo no sabía que en esa camioneta ya iba la de él, levantaron a su hija primero y luego a la mía”, dijo.
Esto le mostró la gravedad del problema y pronto se enfrentó a otro: hacerse cargo de su nieta de dos años.
Al paso de los años, Isabel y su esposo perdieron el empleo por todas las veces que tuvieron que ir al Ministerio Público, también al municipio de Apodaca, donde Guadalupe Jazmín trabajaba como maestra de danza en un DIF, y a la escuela de su nieta para pedir la papelería que requería para pedir una beca.
Al principio recibió apoyo de despensa, que no duró más de seis meses.
“Primero su kínder, su escuela, yo oía que daban despensas y nos acercamos. Un tiempo me dieron en el DIF la despensa, pero después me dijo que tenían que darle a los abuelitos que tenían más necesidad”, relató.
Isabel Rivera recuerda que en aquel entonces sí fueron inscritos en el Registro Estatal de Víctimas, pero de nada le sirvió para que la orientaran en todos los trámites subsecuentes. Por ejemplo nunca pudo conseguir una beca para su nieta, que a la fecha acaba de entrar a la preparatoria, y sigue esperanzada a recibirla, pues el gasto es mayor. Tampoco para que le dieran una pensión en su centro laboral.
“Yo iba, pero siempre me pedían los oficios, y me los daban, pero se tardaban un mes. Cuando yo llegaba para pedir el apoyo escolar se cerraba la campaña”, agregó.
Su nieta Nahomi, víctima indirecta por la desaparición de su madre que no tuvo seguridad en su comunidad, ni resultados de una investigación, desea estudiar psicología o nutrición. A la familia, la actual administración de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas le prometió apoyo, que espera que después de 12 años se haga realidad.
“De perdido voy a poder decir que puedo pagar mi recibo, que la niña quiere un cereal, toallas, jabón de baño”, finalizó Isabel Rivera.
La mujer, que siguió habitando en la misma colonia de donde se llevaron a su hija, reconoció que después de todo el daño psicológico que provocó en la familia este evento y años de terapia, la situación actual del estado les ha removido todas las emociones por las que pasó en esos momentos.
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