Aurelia García Cruceño fue hospitalizada de emergencia en 2019, nunca imaginó que aquel tenso momento pondría en riesgo no solo su vida, sino también su propia libertad.
Luego de que médicos de un hospital de Iguala, Guerrero lograran estabilizar el estado de salud de la mujer indígena nahua de 23 años, autoridades del estado la arrestaron por el presunto delito de "homicidio en razón de parentesco".
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Y es que, el malestar que obligó a la joven a trasladarse desde Xochicalco hasta Iguala fue un aborto espontáneo que presentó como consecuencia de una violación que vivió en su comunidad, pero a las autoridades poco les importó.
La falta de intérpretes y el opaco funcionamiento de la fiscalía fueron los componentes suficientes para que el caso se convirtiera en un claro ejemplo de injusticia en México, hecho que motivó a activistas a exigir la liberación de Aurelia García.
Un largo camino de tres años, con obstáculos de sobra para acceder a la justicia fue lo que recorrió la joven indígena de 23 años, hasta que en diciembre de 2022 una jueza reconoció su inocencia y le devolvió su libertad.
Sobre el caso, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó que es indispensable que todas las autoridades aseguren que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual no sean criminalizadas por abortar y puedan acceder a servicios de anticoncepción de emergencia.
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Sin embargo y de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la actualidad continúan existiendo diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo.
"La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial para su recuperación", se lee en un comunicado de la CNDH.
Ya sea por violencia sexual o por decisión propia, el aborto legal, seguro y gratuito continúa siendo un escenario utópico para la realidad de miles de mujeres en México, no obstante y con el paso de los años, la marea verde ha ido conquistando derechos en distintos estados, dejando a su paso un cambio en las perspectivas de la lucha a nivel nacional.
Panorama del aborto en México
A inicios del mes de septiembre, por decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal en todo México.
La decisión contempla modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, además de que instituciones de salud pública federales presten el servicio de forma gratuita sin que el personal médico que realicé la práctica sea criminalizado.
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Dos años antes, en 2021, el máximo tribunal resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, además de que se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Pese a que la SCJN reconoció que el producto de la gestión merece una protección que incrementa a medida que avanza el embarazo, se precisó que ese cuidado no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Así, el Tribunal Constitucional de México determinó como inconstitucional criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo.
Con la resolución de 2021, el máximo tribunal de México obliga a todas y todos los jueces del país -tanto federales como locales- a considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, tal y como son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o normas que únicamente prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias.
Aunque la SCJN se ha sumado a importantes avances en la ardua lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, el aborto en México continúa siendo un servicio parcial que aún tiene múltiples retos por enfrentar tanto a nivel legislativo como judicial.
¿Qué estados garantizan el derecho al aborto?
En México, el aborto es legal hasta la semana 12 sin importar la causa en 12 de los 32 estados de la República Mexicana, no obstante, la práctica se puede llevar a cabo sin penalización después de este punto de gestación únicamente en cinco casos especiales:
- Violación
- Inseminación artificial no consentida
- Imprudencial o accidental (como un aborto espontáneo)
- Si está en riesgo la vida de la mujer
- Si el feto tiene malformaciones genéticas o congénitas
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De acuerdo con lo expuesto por la organización civil MUTANTE, la violación es la única causal en la que el aborto es legal en todo el país y las instituciones de salud deberán practicarlo incluso si la persona aún no ha denunciado el hecho.
La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en legalizar el aborto en abril de 2007. En la capital mexicana dicha práctica puede realizarse hasta las 12 semanas de gestación sin importar la causa.
Tuvo que pasar más de una década para que Oaxaca se convirtiera en la segunda entidad en sumarse a la marea verde y, de este modo, en octubre de 2019 el aborto se despenalizó hasta la semana 12 por todas las causales.
En 2021 la situación cambió radicalmente para la mayoría de los estados que se han sumado a la legalización del aborto, pues con la resolución de la SCJN también modificaciones en ese sentido en las legislaciones de Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Colima y Baja California.
En el caso específico de Coahuila, la despenalización del aborto se realizó vía judicial, a diferencia de la vía legislativa de otras entidades. La práctica en el estado puede ser realizada sin tener que alegar la causa hasta las semana 12 de gestación.
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En Colima los parámetros para poder realizar un aborto son similares, a excepción de que se agregaron dos causales: cuando la autoridad haya negado el aborto a una persona antes de las 12 semanas de embarazo y cuando el personal de salud haya omitido informarle sobre su derecho a la interrupción legal del embarazo en ese plazo.
En marzo de 2022 Sinaloa se sumó a la marea verde con una diminuta modificación ya que en dicho estado el plazo para abortar legalmente se amplió a 13 semanas.
Ese mismo año, la despenalización del aborto se logró en Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California y Guerrero, siendo este último estado el que agregó como causal que permite la práctica cuando una autoridad haya negado a la personas el derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.
A finales de agosto de 2023, Aguascalientes se convirtió en el 12vo estado en despenalizar el aborto en México. La modificación se realizó por la vía judicial, pues fue ordenada por la SCJN luego de que organizaciones civiles promovieron un amparo contra la regulación del delito en el Código Penal de la entidad.
Aunque los avances de la marea verde en México han sido considerables, aún quedan cuestiones pendientes por atender pues, aunque el aborto es legal en las mencionadas entidades, aún falta terminar de regular que sea gratuito y seguro para todas las mujeres y personas gestantes.
Reforzar la educación sexual supone también uno de los grandes retos a atender a nivel social, pues el aborto no se limita a la violencia, también es una forma de que mujeres y personas gestantes ejerzan su derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva.
ATJ