A fin de solucionar los conflictos vecinales o faltas administrativas para que no lleguen hasta la judicialización del asunto, así como disminuir hasta en un 20 por ciento los homicidios dolosos actuando a tiempo, el Poder Judicial de Nuevo León, el Gobierno del Estado, la Fiscalía General, alcaldes Metropolitanos y organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una iniciativa que crea la Ley de Justicia Cívica.
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En conferencia de prensa en la explanada del Congreso, Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal General de Nuevo León, indicó que alrededor del 80 por ciento de los crímenes tienen que ver con la delincuencia organizada, mientras que el resto, se derivan de conflictos personales o pleitos vecinales, mismos que se pueden evitar con la creación de esta ley.
“De los homicidios cometidos en Nuevo León, un 78 a un 80 por ciento son de delincuencia organizada, el 21 0 20 por ciento es del fuero común, que es derivado de conflictos entre particulares donde no está involucrada la droga ni la delincuencia organizada.
"Esta Justicia Cívica puede ayudar mucho a evitar que escale un conflicto a un delito de alto impacto, puede ayudar mucho a eso. A nosotros nos va a ayudar, son situaciones que no se arreglan de la noche a la mañana, se resuelven a mediano y largo plazo, pero evitan hechos delictivos o violentos”, declaró el fiscal.
Por su parte, Arturo Salinas, magistrado presidente del Poder Judicial, refirió que la justicia cívica es un mecanismo en el que los jueces cívicos intervienen para resolver una disputa social y buscan que se solucione, antes que el hecho escale a un nivel de violencia más grave.
“La inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de Nuevo León, y por esto, hemos colaborado para presentar esta iniciativa. Viene en ánimo de la prevención del delito, se necesitan bajar los índices de conflictos allegados a la sociedad”, indicó Salinas.
La iniciativa, añadió el Magistrado, busca dotar de herramientas a los jueces cívicos, los cuales serán nombrados por los alcaldes, para que éstos logren condenar a los involucrados administrativamente.
“Estamos poniendo por encima a los ciudadanos de Nuevo León, en manos del Congreso estará en seguimiento, el producto Legislativo saldrá por el bien de los ciudadanos”, enfatizó Salinas.
Adelantó que habrá un catálogo de faltas administrativas que cada municipio deberá expedir para saber las problemáticas cívicas como, por ejemplo, vecinos ruidosos u otros conflictos no tan graves.
Mientras que Javier Navarro, secretario general de Gobierno, dijo que la iniciativa es con el ánimo de apostar en la prevención del delito para bajar los índices delictivos para evitar que se saturen los juzgados y la fiscalía de trabajo.
Por último, Ivonne Álvarez, presidenta del Congreso, dijo que este miércoles, en la diputación permanente, se turnará la iniciativa a la Comisión de Justicia para realizar los cabildeos y darle celeridad al asunto.