A fin de garantizar el derecho a una defensa adecuada, y al asegurar que algunas personas privadas de la libertad no están sentenciados porque no pueden ver a sus abogados, el coordinador del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, anunció que presentará esta semana una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
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El priísta dijo que con la iniciativa se busca prohibir que las autoridades restrinjan o limiten las visitas de defensores aludiendo estado de contingencia médica o pandemia por covid-19.
Treviño Cantú precisó que busca elevar a rango de Ley la prohibición de que, en los centros de reclusión de todo el país, se limite o restrinja la visita de abogados particulares a las personas privadas de su libertad que en ellas se encuentran.
“El centro de readaptación deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que a las personas privadas de su libertad se les respete su derecho humano a una defensa adecuada”, declaró.
Apuntó que la propuesta pretende reforzar los derechos humanos de todos los internos, pero sobre todo de quienes están recluidos sin estar sentenciados, por lo que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.
“Se tienen que respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, recordando que muchas de ellas, incluso, no cuentan con una sentencia, por lo que, bajo el principio de presunción de inocencia, aún no deben considerarse culpables de algún delito.
“El derecho a una defensa adecuada no puede ser limitado, bajo ninguna circunstancia; en este sentido, la autoridad debe contar con espacios adecuados para que las personas privadas de su libertad puedan entrevistarse con sus asesores jurídicos”, afirmó Treviño.
Por último, dijo que la iniciativa de reforma contempla modificar el artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y una vez que transite a nivel local, será remitida al Congreso de la Unión para su análisis.