En mesa de trabajo, la Comisión para la Igualdad de Género continuó con el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, a efecto de regular las órdenes de protección para víctimas de violencia en la entidad.
En su intervención, la representante de la Fiscalía General coincidió con los objetivos de la iniciativa que se relacionan con la armonización de ley local con la ley general en materia de órdenes de protección para las mujeres, sin embargo, señaló que la implementación de las reformas sí tendría un impacto presupuestal, por lo que sugirió elaborar un diagnóstico en el que se contemplen las implicaciones tanto presupuestarias como administrativas e institucionales.
Asimismo, comentó que para brindar certeza jurídica se debe definir el término de autoridades administrativas, ya que el tema es sumamente sensible y con gran responsabilidad, por lo que las autoridades que las emitan deben contar con capacitación y especialización para no generar una revictimización y la violación de derechos, por no tener la experiencia y el equipo que se requiere para determinar una orden de protección.
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Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar agregó que lo expuesto ayudará a darle más claridad a la propuesta y que era clave revisar las buenas prácticas que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como generar un plan de capacitación a las autoridades competentes para un mejor dominio de las modificaciones que se pretenden implementar y emitir un reglamento para más claridad.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes las diputadas Yulma Rocha Aguilar (presidenta), Martha Guadalupe Hernández Camarena y Katya Cristina Soto Escamilla, así como funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Posteriormente se analizó una propuesta de opinión que la Comisión emitirá respecto a la iniciativa de reforma al Código Penal que busca especificar qué es la cópula, ampliar la tipificación de la violación y las agravantes del delito de violación, así como eliminar el delito de estupro para reclasificar la violación con menores de 16 años.
Al hacer uso de la voz, la legisladora Martha Guadalupe Hernández Camarena reconoció el esfuerzo por parte de las iniciantes por abordar temas en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, sin embargo, indicó que en el análisis se encontraron ciertas inconsistencias que no dan certeza jurídica y que van en contra de los principios de taxatividad y de la autonomía progresiva.
Sugirió realizar un listado que dé un mayor entendimiento al concepto de consentimiento genuino y voluntario, y otro de lo que no es o no puede darse dicho consentimiento, con la finalidad de no legislar en sentido negativo y que no existan violaciones a derechos humanos que ocasionen la impunidad de los agresores.
Asimismo, pidió darle seguimiento a lo establecido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé por el principio de autonomía progresiva la negativa a establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía, pues, dijo, el proceso de madurez no es un proceso lineal y aplicable a todos las niñas, niños y adolescentes por igual.
SEMY