Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia (FJEDD) solicitaron al fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruíz Contreras, crear una Fiscalía Especializada en Feminicidios, ante la persistencia de las omisiones y deficiencias en las investigaciones.
La propuesta nació a petición de las familias de víctimas de este delito, luego de que la Fiscalía del estado determinara, el 18 de marzo de 2022, la desaparición de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI), que había sido creada para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el caso de Karla Pontigo.
“La desaparición de la UEMI limita la posibilidad de que otros casos de feminicidio sean atraídos por esa unidad e investigados con perspectiva de género. Además, transmite un mensaje de impunidad a la sociedad respecto a los feminicidios y actos de violencia cometidos contra las mujeres. Instamos al fiscal general a crear una Fiscalía Especializada en Feminicidios que investigue con perspectiva de género las muertes violentas de las mujeres en el estado, y al Congreso local a que etiquete el presupuesto necesario para que ésta funcione de manera efectiva”, mencionaron las organizaciones.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, detalló que la creación de una Fiscalía Especializada en feminicidios tiene como finalidad atender de manera prioritaria la violencia de género y los feminicidios en el estado, poniendo en el centro de atención a las mujeres; dijo que es responsabilidad del Estado asegurar el acceso a la justicia, y la generación de los mecanismos institucionales para garantizarla.
“El estado de San Luis Potosí no logró hacerle justicia a Karla, sin embargo, aún tiene la oportunidad de facilitar el acceso a la justicia a cientos de familias de víctimas de feminicidio.
"Las organizaciones que le damos seguimiento al caso no dejaremos de insistir en que el Ejecutivo estatal tiene pendiente adoptar medidas concretas para lograr que Karla y su familia tengan acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición”, señaló Olivares Ferreto.
Por su parte, Yesenia Valdez, coordinadora de Litigio Estratégico de la FJEDD, destacó que las víctimas de feminicidio no sólo son víctimas de sus agresores, sino también de un sistema que permite que la rueda de la impunidad siga girando sin darles justicia y provocando con ello que haya más víctimas.
“Exigimos a las autoridades que se hagan responsables de lo que les toca y pongan todo lo que está de su parte, para que estos crímenes atroces dejen de ocurrir y que los que ya fueron cometidos se investiguen adecuadamente, para llegar a la verdad y que las familias tengan justicia”, indicó Valdez.
En la gira de trabajo de ambas organizaciones estaba previsto que se reunieran con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo; sin embargo, ni él, ni el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Sánchez Torres, las recibieron. En cambio, sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, y con el comisionado de Atención a Víctimas, Miguel Ángel García Amaro.
En la reunión, dichas autoridades no accedieron a firmar un convenio de reparación integral del daño para la familia de Karla Pontigo, que les fue propuesto por las organizaciones, argumentando que estaban a la espera de un dictamen de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, por lo que, dijeron, no podían emprender ninguna medida al respecto.
Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia mencionaron que si bien el gobierno estatal no hizo justicia a Karla y a su familia –dado que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República–, sí tiene la obligación de reparar el daño, por lo que solicitaron una reunión con el gobernador del estado los días 8 o 9 de agosto, para pedir que la reparación integral del daño se realice de acuerdo a los más altos estándares internacionales, colocando en el centro a la señora Esperanza Lucciotto López, madre de Karla Pontigo.
Antecedentes del feminicidio de Karla Pontigo
En octubre de 2012, Karla Pontigo ,de 22 años, fue asesinada en la discoteca donde trabajaba en San Luis Potosí. Pese a tener signos evidentes de violencia sexual, no se investigó el crimen con perspectiva de género; no se resguardó la escena del crimen; la Fiscalía perdió evidencia de la posible agresión sexual, y no se documentaron las heridas y huellas de violencia en el cuerpo de Karla. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado concluyó que su muerte fue un accidente.
Después de un largo litigio de siete años, María Esperanza Lucciotto, madre de Karla, con la asistencia legal de la Fundación para la Justicia y el acompañamiento de Amnistía Internacional, logró que el 13 de noviembre de 2019 la SCJN emitiera sentencia del amparo en revisión 1284/2015.
El máximo tribunal en México invalidó la primera consignación del caso de Karla, por homicidio culposo, y ordenó a la Fiscalía del estado de San Luis Potosí reponer la investigación. A partir de esta sentencia, la Procuraduría General de San Luis Potosí abrió una nueva investigación de la muerte de Karla como feminicidio.
En cumplimiento a la sentencia de la SCJN, la Fiscalía General de San Luis Potosí creó, en marzo de 2020, la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI). Dicha área tenía como función específica la investigación penal del caso de Karla exclusivamente. Sin embargo, el 18 de marzo de 2022 la Fiscalía General de San Luis Potosí desapareció la UEMI, alegando que ya existen otras unidades dentro de la fiscalía que investigan feminicidios.
DMZ