Rogelio Jimenez Pons sostuvo que a pesar de los recortes presupuestales apoyarán para que la ciudadanía se beneficie con la nueva ley.

En el documento se busca establecer las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad asequible.

Dentro del paquete de iniciativas que envió Miguel Barbosa Huerta, planteó sancionar a conductores que no cumplan con este requisito.

La ley fue materializada gracias a la intervención de colectivos activistas, especialistas y otros sectores que han estudiado la movilidad desde diferentes fronteras.

Los diferentes colectivos solicitaron a los diputados que “se deben poner las pilas”.

Entre los principales cambios están el alcoholímetro en todo el país y la prohibición del uso del celular.

Ponen como prioridad a peatones, con perspectiva de género y protección a los sectores vulnerables.

La legisladora destacó que "nuestro sistema carretero y de infraestructura, en lo general, deben de fortalecerse a la par de las condiciones para que las personas y mercancías se transporten y se puedan movilizar".

Lydia Gamboa destacó que se obligará a que las personas sean el centro de la movilidad urbana y reducir la violencia vial.

De acuerdo con la norma, se prevén medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el casco para motociclistas, operativos permanentes de alcoholímetro en todo el país y prohíbe el uso del teléfono móvil.