La compañía impugnó la sentencia que declaraba que no era procedente la solicitud de concurso mercantil de la empresa por falta de documentos, aspecto que resultó infundada e inmotivada la resolución.

Se buscaba invalidar el nombramiento de Joaquín Ramírez de la Cerda como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León.

Revés. El funcionario había puesto la queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; tras la negativa prometió pelear ante el TEPJF.