Señalaron que a responsabilidad del Estado incluye asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió por unanimidad, el amparo y protección a las comunidades afectadas por el derrame de tóxicos.

Entre 2004 y 2019 la empresa minera sumó más de 120 casos, incluidos temas ambientales, de salud y seguridad.

Bacanuchi. La obra se construye a 27 km de la mina donde ocurrió un derrame en 2014; hoy habrá consulta a vecinos.