La Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer la afirmación del investigador independiente, Pedro Arrojo-Agudo, concluyendo que los ecosistemas acuáticos y el agua deben considerarse y gestionarse en el dominio público, como un bien común, accesible a todos, pero no apropiable por nadie.
“¿Cuál es el valor monetario del agua necesaria para garantizar la salud de sus familias? ¿El valor del agua necesaria para cultivar aguacates para la exportación es siquiera comparable al valor necesario para proteger la salud pública?”, cuestionó al respecto.
En su informe a la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento abogó por diferenciar la que es necesaria para mantener la vida de la que es utilizada con, fijar prioridades y establecer criterios de gestión específicos.
Para el experto, considerar el agua como una mercancía que debe gestionarse según la lógica del mercado es un error. “Esto es incoherente con un enfoque de la gestión del agua basado en los derechos humanos”, indica en un comunicado de la ONU.
Del mismo modo, afirmó que el agua de la que dependen las poblaciones y los ecosistemas acuáticos de los que se nutren deben gestionarse con un enfoque común basado en los derechos humanos que garantice la no discriminación, la participación igualitaria, la transparencia y la rendición de cuentas.
El relator especial instó a los gobiernos a avanzar hacia acuerdos e instituciones que reflejen una responsabilidad compartida a nivel mundial para hacer frente a la crisis climática y cuidar el ciclo del agua como un bien común global.
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Entre otras medidas, también sugirió en el informe desarrollar la planificación y gestión del agua a nivel de cuenca, “desde instituciones abiertas a una amplia participación pública”, así como garantizar una gestión no lucrativa de los servicios de agua potable y saneamiento, al igual que respetar los derechos al agua y a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
Frente a la creciente escasez causada por el cambio climático, el experto recomendó aplicar incentivos económicos al uso eficiente y responsable del agua y penalizaciones al uso abusivo, desarrollando los principios de no deterioro, de quien deteriora restituye, recuperación de costes y coste-eficacia.
Además, Arrojo-Agudo pidió desarrollar planes de adaptación desde la planificación hidrológica, territorial y urbanística, abiertos a la participación pública y basada en el principio de precaución, así como establecer seguros agrarios para proteger a los productores más vulnerables.