El gobierno de Puebla diseñará un protocolo para que mujeres y personas gestantes puedan abortar, sin complicaciones, en cualquiera de los hospitales a cargo de la Secretaría de Salud estatal, pues aunque la ley permite esta práctica bajo ciertas condiciones, la mayoría de los complejos médicos carecen de condiciones para realizarlo.
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Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Javier Aquino Limón, quien reconoció que el sistema de salud poblano tiene varias deficiencias a resolver para ejercer la interrupción legal del embarazo, según las causales estipuladas en el Código Penal del Estado.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se conmemora cada 28 de septiembre, el funcionario comentó que se deben establecer criterios para que los hospitales públicos atiendan con prontitud y agilidad las solicitudes de aborto en el estado, ya que así se lo hicieron saber algunas colectivas feministas con las que se reunió este jueves.
"Me comentaban ellas que han tenido, obviamente, muchas complicaciones porque no en todos los centros hospitalarios se presenta esta atención, cosa que también es de valoración porque si no hay un médico que lo haga de manera adecuada, pues también pone en riesgo la vida de las personas. Lo que queremos hacer es que haya un protocolo adecuado para que todo el mundo esté bien atendido", dijo.
Javier Aquino aclaró que este protocolo no significa que el aborto será despenalizado en Puebla, ya que esa es una competencia del Congreso local; no obstante, se deben asentar condiciones adecuadas para que este ejercicio se realice de la mejor manera posible.
De acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla, la interrupción del embarazo será legal en cualquiera de estos cuatro puntos: cuando sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea el resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte; o cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves.
De lo contrario, el artículo 342 del Código establece que "se impondrán de tres a seis meses de prisión, o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, una vez que hubieren transcurrido las primeras doce semanas del embarazo".
Cabe resaltar que no solo la mujer embarazada es acreedora a una sanción, sino también la persona que realiza el aborto, siendo acreedores de uno a tres años de prisión. La pena es mayor si la persona que practica el aborto lo hace sin el consentimiento de la mujer y se agrava si hace uso de la violencia, lo que equivale hasta ocho años de prisión.
CHM