La implementación del Banco de Perfiles Genéticos de la Ciudad de México para Uso Forense del ADN lleva un avance del 70 por ciento y se han invertido en el proceso de construcción 90 millones de pesos.
Así lo informó la titular de la Fiscalía General de Justicia local, Ernestina Godoy en el Plan de Política Criminal que entregó hace unas semanas al Congreso capitalino, del cual MILENIO tiene copia.
Este banco tiene como objetivo identificar a los agresores de delitos como: secuestro, violación, estupro y feminicidio, a través, de signos de violencia que presenten las víctimas.
En 2020, la Fiscalía capitalina ejerció 89 millones 241 mil 188 pesos para la construcción, equipamiento, insumos y productos químicos de este banco de ADN.
Para la obra pública, que consiste en construcción y creación de este proyecto hasta su terminación final, así como en el proyecto ejecutivo se destinaron 29 millones 995 mil 231 pesos.
El equipamiento e insumos tuvo un costo de 34 millones 604 mil 339 pesos, mientras que el monto invertido en el mobiliario especializado asciende a 5 millones 156 mil 818 pesos.
Mientras que los softwares para la administración del laboratorio de genética forense costaron 4 millones 632 mil 956 pesos.
Al ser especializado en la investigación del ADN se requirió de una cabina para secar evidencias, cabina de secado de hisopos, estación de trabajo para PCR y kit de luces forenses (lámparas) para pruebas que en su conjunto significó recursos por 2 millones 103 mil 46 pesos.
De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se prevé que este banco inicie operaciones a mediados de este año.
Posponen programa de observadores ministeriales
La Fiscalía General de Justicia capitalina implementó la figura del observador ministerial ciudadano para vigilar la actuación del ministerio público y la debida atención a la ciudadanía en las coordinaciones territoriales.
No obstante, debido a la emergencia sanitaria por covid-19 este programa tuvo que ser suspendido temporalmente y se reanudará una vez que las condiciones lo permitan.
Un total de 41 ciudadanos fueron seleccionados como observadores, de los cuales, 27 recibieron capacitación.
“Son ciudadanos con vocación de servicio honestidad, lealtad y disciplina, para asistir a las diversas fiscalías y verificar su buen funcionamiento, rapidez en el servicio, calidad y empatía por parte de los servidores públicos”, describió Godoy Ramos.
El propósito de esta acción es disminuir la corrupción y fomentar la participación ciudadana en temas de acceso a la justicia.
ledz