El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó las conclusiones del informe Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México, presentado el 9 de noviembre en El Colegio de México, al considerar que contiene errores metodológicos, interpretaciones incorrectas de indicadores de cobertura y señalamientos sobre mortalidad materna y precariedad laboral que no están respaldados por datos específicos del Instituto.
A la controversia se sumaron el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), que se deslindaron de la elaboración, organización, promoción y respaldo institucional del documento, además de denunciar que sus nombres y logotipos fueron utilizados sin autorización en los materiales de difusión del encuentro.
En un posicionamiento, el IMSS cuestionó que se atribuyan a sus servicios resultados obtenidos de estadísticas generales del sistema de salud, sin distinguir las diferencias entre instituciones. Por ello, exigió a los investigadores publicar sus bases de datos, cálculos y documentos de respaldo para permitir una revisión independiente.
Por su parte, el INSP y el INCan aclararon que, si bien investigadores adscritos a sus centros participaron en el proyecto a título académico, esto no significa que exista un respaldo oficial a sus resultados y conclusiones.
“Ni el INSP ni el INCan intervinieron, en su carácter institucional, en la elaboración, organización, promoción o aval del informe ni del encuentro en el que fue presentado”, señalaron en un posicionamiento conjunto.
Asimismo, precisaron que ninguna de las dos instituciones autorizó el uso de sus nombres o imágenes institucionales. “Su inclusión en dichos materiales no debe interpretarse como respaldo, participación o aval institucional”, subrayaron.
Los organismos establecieron que las opiniones, análisis y conclusiones contenidas en el documento, así como las declaraciones realizadas durante su presentación, son responsabilidad exclusiva de sus autores y participantes, por lo que no representan necesariamente sus posiciones oficiales.
El posicionamiento está firmado por Eduardo C. Lazcano Ponce, director general del INSP, y Óscar Arrieta Rodríguez, director general del INCan. Ambos reiteraron su respeto a la libertad académica, la investigación científica y la discusión plural de las ideas.
IMSS cuestiona cifras sobre mortalidad materna y precariedad laboral
Uno de los principales cuestionamientos del IMSS corresponde a la mortalidad materna, indicador que, según el Instituto, disminuyó 65 por ciento desde 2021, cuando alcanzó 80.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, hasta ubicarse en 27.9 durante 2025, cifra incluso inferior a las aproximadamente 38 muertes registradas en el año 2000.
También informó que las muertes maternas por causas indirectas, relacionadas con enfermedades agravadas por el embarazo, disminuyeron de 61 en 2022 a 37 en 2025.
Precisó que actualmente la principal causa de muerte materna es la hemorragia durante o después del parto, por lo que impulsa medidas para evitar cesáreas innecesarias, identificar embarazos de alto riesgo y mejorar la vigilancia prenatal.
Durante la pandemia, agregó, recurrió a convenios con hospitales privados para atender los partos de sus derechohabientes, esquema mediante el cual fueron hospitalizadas mil 245 mujeres.
El Instituto cuestionó que Salud quebrada señale que el IMSS y el ISSSTE se convirtieron en lugares de mayor riesgo de muerte materna que los servicios destinados a personas sin seguridad social.
“Es una acusación grave, y el informe no tiene pruebas suficientes para sostenerla”, afirmó.
Según el posicionamiento, los investigadores agruparon estadísticas del IMSS, ISSSTE, Pemex, Fuerzas Armadas e institutos estatales de seguridad social, pese a que presentan resultados distintos. El documento sostiene que, durante 2024 y 2025, otras instituciones de seguridad social registraron una mortalidad materna cercana al doble de la observada en el IMSS.
También cuestionó que los autores no aclararan si utilizaron únicamente defunciones confirmadas por los comités de mortalidad materna ni de dónde obtuvieron el número de nacimientos empleado para elaborar sus cálculos.
Advirtió que cada año existen entre 30 y 200 muertes maternas sin información sobre la afiliación de las mujeres a la seguridad social y que, durante 2020 y 2021, estos registros incompletos llegaron a casi 200 casos anuales.
Además, señaló que la comparación difundida sobre 2022 corresponde a 74.3 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos entre población con seguridad social, frente a 71.8 entre quienes carecían de ella. A juicio del Instituto, esa diferencia de 2.5 puntos no es estadísticamente significativa y no permite establecer que una población enfrentara mayor riesgo que otra.
En materia laboral, el IMSS rechazó que la estimación de precariedad de tres de cada cuatro médicos del país pueda atribuirse a sus trabajadores, pues procede de encuestas nacionales realizadas entre 2005 y 2022, que incluyen al sector público y privado.
El Instituto señaló que sus trabajadores cuentan con contrato, seguridad social, prestaciones laborales y jornadas contractuales que no superan las 48 horas semanales.
Precisó que desde 2019 incorporó a 109 mil trabajadores, entre ellos 39 mil especialistas y 28 mil integrantes del personal de enfermería.
Solo durante 2026, agregó, contrató a 10 mil 685 especialistas y mantiene una convocatoria abierta para incorporar a otros 2 mil 500 en las regiones con mayores necesidades de atención médica.
También informó que el número de médicos residentes pasó de 13 mil 632 a 25 mil 279 en 2026, mientras que este año ofreció 10 mil 127 nuevas becas de especialización, cifra que calificó como la más alta de su historia.
Respecto a los salarios, indicó que el incremento promedio anual fue de 5.9 por ciento entre 2006 y 2012; de 5.1 por ciento entre 2012 y 2018; de 6.5 por ciento durante 2018-2024, y de 8 por ciento en el periodo 2024-2026.
Asimismo, destacó que desde el 27 de enero de 2026 los médicos residentes tienen derecho a descansar después de una guardia de 24 horas, en lugar de continuar trabajando durante la jornada siguiente.
Cuestiona indicadores de cobertura y atención de enfermedades crónicas
Otro de los cuestionamientos centrales del IMSS corresponde a la interpretación de los indicadores nacionales de cobertura médica.
El Instituto señaló que las cifras de 4.9 en 2018 y 36.2 en 2025, utilizadas para sostener un incremento de 639 por ciento en la población sin seguro, no representan porcentajes directos de personas sin aseguramiento.
Explicó que corresponden a una escala de cero a 100 elaborada por los investigadores para medir la distancia respecto del mejor resultado de cobertura observado entre las entidades federativas.
Esa escala utiliza como referencia la cobertura de 97.3 por ciento registrada en San Luis Potosí durante 2018 y la de 15.7 por ciento observada en Oaxaca en 2001. Por ello, sostuvo que interpretar el valor de 36.2 como porcentaje de población sin seguro constituye una lectura incorrecta del indicador.
“Confunde estar afiliado con recibir atención”, señaló el Instituto.
También argumentó que la desaparición del Seguro Popular pudo modificar la manera en que las personas respondían las encuestas sobre afiliación, sin que necesariamente hubieran dejado de recibir atención en los servicios públicos.
Sobre las enfermedades crónicas, el IMSS cuestionó que el informe establezca que únicamente 33 por ciento de las personas con diabetes en México tiene controlada su enfermedad, sin incorporar las mediciones realizadas entre sus derechohabientes.
Informó que entre junio y agosto de 2026 practicó pruebas de hemoglobina glucosilada a 2.1 millones de pacientes, cantidad 47 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior. De ese total, 50.9 por ciento presentó niveles de control de la diabetes, frente a 48.1 por ciento en 2025.
El Instituto aclaró que ambas mediciones no son directamente comparables con el indicador nacional del informe, debido a las diferencias entre las poblaciones analizadas.
También reportó que, durante 2024, el 83 por ciento de los pacientes con hipertensión atendidos en sus unidades de medicina familiar presentó cifras de presión arterial inferiores a 140/90 milímetros de mercurio.
En cuanto a esperanza de vida, señaló que sus derechohabientes alcanzan un promedio de 79.4 años, frente a 75.5 años de la población nacional. Esta diferencia de 3.9 años, reconoció, se explica parcialmente por las condiciones de empleo formal de la población asegurada y no exclusivamente por los servicios médicos.
El documento precisó que la esperanza de vida de sus derechohabientes había descendido a 72.8 años durante 2021, en el contexto de la pandemia, antes de recuperarse.
El IMSS cuestionó que el estudio omitiera los Protocolos Nacionales de Atención Médica, implementados desde 2025 para establecer criterios comunes entre instituciones públicas en el manejo de la diabetes y la atención materna durante los primeros mil días de vida.
Para la diabetes, el protocolo contempla mediciones de hemoglobina glucosilada, una meta de control inferior a 7 por ciento y evaluaciones semestrales. En la atención materna establece al menos cinco consultas prenatales, ultrasonidos trimestrales, identificación de embarazos de alto riesgo y revisión de la madre durante los primeros cinco días posteriores al parto.
Exige transparencia en los datos y defiende sus resultados
El IMSS cuestionó que varias conclusiones de Salud quebrada se apoyen en manuscritos inéditos de sus propios autores y en artículos de opinión publicados en la revista Nexos, materiales que, según su posicionamiento, no han sido sometidos a revisión académica independiente.
Por ello, solicitó publicar las bases de datos y cálculos sobre mortalidad materna, precisar los criterios de clasificación de defunciones, incorporar los resultados institucionales de control de enfermedades crónicas y aclarar públicamente que el indicador de 36.2 no representa el porcentaje de personas sin seguro.
También pidió distinguir entre investigaciones revisadas por pares y artículos de opinión, así como hacer públicos los documentos inéditos utilizados para sustentar las conclusiones.
El Instituto ofreció poner a disposición de los investigadores sus registros de mortalidad materna, nacimientos y control de enfermedades crónicas, parte de los cuales ya se encuentran disponibles en su Memoria Estadística.
“Las conclusiones sobre la salud de las personas deben basarse en datos que cualquiera pueda revisar, sobre todo cuando llegan a los medios”, puntualizó la institución.
El IMSS reconoció que el informe aborda problemas del sistema de salud, particularmente su fragmentación, pero rechazó que sus conclusiones puedan atribuirse a sus servicios sin considerar los resultados específicos del Instituto.