Vacunarse: obligación y derecho de los mexicanos

Desde el punto de vista legal, la vacunación ha sido obligatoria en México, pero a raíz de la reforma que entró en vigor el 20 de junio de 2017 dejó de estar en un decreto y se volvió ley, por lo que también es un derecho que se debe exigir, además de un esfuerzo en el que no solo participa el gobierno, sino también la sociedad civil e iniciativa privada.

“Se hizo un diagnóstico de lo que teníamos en el país. Durante muchos años nuestro programa de vacunación fue modelo para el mundo, pero observamos que en la ley mexicana solo teníamos 10 artículos que la mencionaban; dos de ellos se referían a inmunizaciones veterinarias y no se tenía un título o capítulo específico de vacunas. Ya estaba en la ley la obligación de dejarse vacunar, pero no el derecho a ser vacunado”, explicó en entrevista la licenciada en Derecho Lourdes Motta, maestra en Ciencias con Especialidad en Economía y Políticas de Salud.

La también doctora en Administración de Servicios de Salud abundó que otra ventaja de esa reforma es que, además, “el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), órgano colegiado integrado por expertos que recomienda a la Secretaría de Salud cuáles son las inmunizaciones que deben formar parte del programa universal, no estaba en la ley, sino en un decreto presidencial, lo que quiere decir que podía llegar un presidente y, prácticamente de un plumazo, eliminar al CONAVA con un decreto abrogatorio”.

Lo mismo pasaba con la Cartilla Nacional de Vacunación: estaba en un decreto y eso la ponía en riesgo.

TAREA DE TODOS

En la ley, detalló, “se incluyó la obligación de hacer campañas, pero no hay que hacerlas solo por parte del gobierno, también debe participar el sector privado. Eso lo hicimos el año pasado usando redes sociales, trabajando con mamás, con financiamiento de la iniciativa privada y con nosotros, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, como organización, determinando cuáles debían ser los materiales y los mensajes para que sean claros, comprensibles y puedan crear empatía”.

Un objetivo es que todos participen en las campañas, en las que es muy importante “cómo se lo comunicamos a las mamás. Las autoridades de salud tienen que llevar la información de que las vacunas se tienen que aplicar y explicar que son seguras, pero lo que nos funcionó muy bien fue hablar con mamás. Algunas tenían educación respecto a temas de vida saludable, y sugerimos que hablaran con otras, porque entre pares te lleva a una mejor posibilidad de entendimiento”.

Ese enfoque, de acuerdo con la especialista, es muy importante porque, “en primer lugar, en internet hay muchísima información errónea, yo le llamo pseudociencia, y algunos siguen refiriéndose a un artículo que tuvo que ser retirado porque no era correcto”, comentó Motta al relatar el problema que causó un estudio que vinculaba las inoculaciones con el autismo, publicado en 1998 por Andrew Jeremy Wakefield, quien perdió su licencia médica al demostrarse que su investigación era fraudulenta.

En segundo lugar, es importante porque “la ley señala que eso debe hacerse para informar sobre los beneficios de vacunarse, pero también sobre los riesgos que implica no hacerlo oportunamente”.

La vacunación se agregó como un derecho que se puede exigir en la ley, aunque “esa parte ya existía a partir de una reforma en materia de derechos humanos que determina que se consideran como si estuvieran incluidos en la Constitución y que están reflejados en tratados de los que México es parte y ha ratificado”.

Con el CONAVA, explicó, las vacunas que forman parte del esquema universal se reflejan en una Norma Oficial Mexicana, que está en proceso de actualización. “En cualquier momento deben llamarnos a quienes formamos parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización, Prevención y Control de Enfermedades para aprobar la Norma definitiva”.

ANTIVACUNAS

Respecto a los grupos antivacunas, Motta comentó: “Hemos hecho estudios al respecto y hemos visto que, afortunadamente, aunque tienen personas famosas hablando contra la vacunación, aún no logran la organización que tienen en Estados Unidos, Europa y muchos países de Latinoamérica”.

En la ley, acotó, no hay una sanción para los que no vacunan a las personas de las que tienen la tutela; sin embargo, “el artículo que establece esta obligación se puede ver de manera conjunta con el que habla de medidas de seguridad y faculta a la Secretaría de Salud a proceder y vacunar a quienes no la tengan”.

En un caso extremo, “la Secretaría incluso puede hacer uso de la fuerza pública para aplicar una medida de seguridad, aunque espero que no se tenga que llegar a ese punto”, opinó.

Sobre la oposición de los antivacunas que argumentan poder elegir, comentó: “Cada vez que me lo debaten me dicen que decidir es un derecho humano de las personas, pero ese es un mal entendimiento de los derechos humanos, porque no son absolutos y se tienen que entender en relación con otros, y aquí está por encima el derecho humano a la protección de la salud de los demás sobre el que tiene una persona de decidir si se vacuna o no. Además, no existe el derecho humano a no querer vacunarse. Lo digo así de claro”.

Por eso las reformas legales, destacó Motta, son “lo que llamo la vacuna contra los antivacunas”.