Este mes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerrará sus oficinas en Ensenada, Baja California, cuyo personal se encarga de vigilar 51 mil 982 kilómetros cuadrados, en ese municipio y en San Quintín, que albergan ocho áreas naturales protegidas.
Por ello, más de 27 mil 700 ciudadanos han firmado una petición en la plataforma change.org, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar dicho cierre, inicialmente programado para el 31 de julio; sin embargo, en reunión con defensores ambientales, funcionarios locales advirtieron que la desaparición de Profepa es inminente ante la falta de presupuesto, indicó la organización Terra Peninsular.
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“La Profepa anunció que por compromisos contractuales de arrendamiento, tendrán que mantener las oficinas de Ensenada y Tijuana abiertas durante el mes de agosto. Sin embargo, pese a los esfuerzos de muchos, la instrucción de las autoridades federales continúa siendo el cierre definitivo de sus oficinas en estas ciudad, dejando como única oficina y cómo único punto de enlace su oficina en Mexicali”, indicó Terre Peninsular, cuyo director ejecutivo, César Guerrero, asistió este viernes a una Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección al Ambiente ante el cierre de dicha oficina.
Destaca que el cierre de la oficina de Ensenada implica una pérdida enorme en operatividad y tiempo de reacción, ya que por ejemplo, si alguien en Bahía de Los Ángeles necesita levantar una denuncia ambiental, tendrá que conducir cerca de 7 horas y 45 minutos para poder ingresar su denuncia en ventanilla de la Profepa en Mexicali.
“Pese a las más de 27 mil firmas de ciudadanos legítimamente preocupados por esta acción, que fueron recopiladas en la petición de change.org, la decisión de la procuraduría se mantiene. No sólo se cerrarán las oficinas de Ensenada y Tijuana, tampoco existe un plan o estrategia clara que dé certeza de que esta decisión no afectará la operatividad de la Profepa, y lo más importante, la salvaguarda de nuestros recursos naturales”.
El pasado viernes 30 de julio de 2020, el órgano de gobierno ciudadano del Consejo Estatal de Protección al Ambiente (CEPA), máxima autoridad ambiental en el estado de Baja California, sesionó de manera extraordinaria para el asunto del cierre, en donde asistió Daniel Arturo Yañez Sánchez, encargado de Despacho de la Delegación Federal de la Profepa en Baja California, argumentó que es una decisión desde oficinas centrales, ante lo que él no tiene injerencia y que lamentablemente, no tienen una estrategia o plan de acción específico para controlar los efectos adversos de esta decisión carrera para la delegación que él maneja.
De esa forma, informaron que el CEPA acordó por unanimidad entregar a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un pronunciamiento enérgico que exprese la oposición categórica solicitando no sólo que revoque la decisión de cierre, si no que se tomen acciones y decisiones necesarias para fortalecer esta procuraduría en el estado de Baja California.
De manera paralela, el Colegio de Biólogos de Baja California ha hecho llegar un documento similar al presidente, Andrés Manuel López Obrador pidiendo su intervención en esto.
Los miembros de la Red Ambiental de Baja California también han programado una reunión con los nuevos diputados locales para que se emita un punto donde se solicite a la Semarnat fortalecer a la Profepa y dejar de desmantelarla sistemáticamente.
DA