La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se deslindó de su deber de procurar justicia ambiental a los apicultores de la selva maya afectados por fumigaciones aéreas que en julio de 2018 que provocaron la muerte masiva de abejas en la comunidad de Dzonot Carretero, en el municipio de Tizimín, Yucatán, al aducir que la apicultura es competencia de la Secretaría de Agricultura (Sader).
“Los apiarios son de competencia de la Sader, ya que el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su fracción VII, establece que corresponde a ésta ‘Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros(…) por lo que la indagatoria que se realiza debe orientarse hacia la autoridad competente”, adujo la Profepa en una tarjeta informativa enviada a MILENIO.
El pasado 18 de agosto, este diario publicó que aunque apicultores afectados presentaron una denuncia colectiva, en septiembre de 2018 contra el agroindustrial Jacobo Xacur, que provocó el exterminio de 180 colmenas, la Profepa dio carpetazo al asunto en mayo de este año.
La procuraduría indicó que inspeccionó el lugar, pero no halló rastros de la fumigación. La oficina de prensa de la Sader dijo a MILENIO que no puede actuar, pues no hay marco regulatorio.