Tras revisar la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada la semana pasada ante el Congreso de la Unión, Greenpeace México considera que se trata de un documento con elementos positivos, pero también importantes retos.
Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, señaló que en cuanto a los aspectos positivos, destaca el hecho de que devuelve a la nación la potestad de los recursos naturales, en este caso, se centra sobre todo en el litio, lo cual se había modificado con la reforma del 2013.
Sin embargo, un aspecto negativo es que la iniciativa cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria, ya que faculta exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, que consiste en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.
Esta modificación puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados –incluidas las personas en sus casas– puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo, explicó el especialista.
“Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”, dijo.
Además, destacó que el despacho queda sujeto a las decisiones de la CFE en orden de méritos de costo de producción, con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad.
“Al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho, pero lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos”, señaló.
Esto abre la puerta también a que tecnologías que no estaban siendo usadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria. “Poder quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación, que es uno de los pilares de la política energética”, señaló.
En ese sentido, Pablo Ramírez dijo que el uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará aumentará el precio de la luz. El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir, los impuestos.
También resaltó que es preocupante que desaparezcan los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se integraría a la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía, que se incorpora a la CFE, lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector.
Y advirtió que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda funcionar como “juez y parte” en el sistema eléctrico nacional, deja mucho margen a tomas de decisiones que no necesariamente sean las mejores.
En ese sentido, Greenpeace México exigió que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase la transición energética justa, que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es el que más aporta en el país y que genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más del 30 por ciento de hogares mexicanos.
“Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar, de una vez por todas, tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo”, demandó Pablo Ramírez.
Dijo que entender la energía como un área estratégica podría resultar positivo porque eliminaría el carácter mercantil de la electricidad y consideraría como un derecho. En ese sentido, lo público podría enfocarse a garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas de la población, que ahora mismo vive en situación de pobreza energética.
Lo problemático en esta situación es el cómo se garantiza ese derecho, advirtió, porque el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. De esta manera, Greenpeace no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico, sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados.
LP