La Alianza México Sin Plástico denunció que el Senado de la República pretende aprobar modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) que, en materia de plásticos de un solo uso, sólo beneficia a la industria, en lugar de representar una regulación efectiva para detener la contaminación por plásticos.
Destacaron que cada año llegan al océano 30 mil toneladas de envases de PET, producidos por la industria refresquera, principalmente, y que de asumir la responsabilidad extendida al productor, los mismos fabricantes podrían reconvertir sus plantas de envases desechables a retornables para reducir hasta en 80 por ciento la contaminación plástica.
“México ocupa el cuarto lugar mundial de producción de envase de PET desechables en el mundo, solamente después de China, Estados Unidos y toda la Unión Europea. Son 50 mil millones de envases de PET cada año, de los cuales, en Oceana hemos hecho el análisis y encontramos que mil millones de envases, casi 30 mil toneladas lanza México al océano.
“Si la industria de bebidas carbonatadas no alcohólicas empieza a cambiar al menos el 10 por ciento de los desechables por retornables, la proporción reducirá en un 30 por ciento la contaminación que llega al océano. Si esto lo llevamos a cambiar en un escenario ideal del 50 por ciento de desechables por retornables, hemos calculado que se podría reducir hasta el 80 por ciento de contaminación plástica que llega hasta nuestros mares, que es gravísimo”, señaló Esteban García-Peña, director de Campañas en Pesquerías de Oceana México.
Tras revisar el dictamen de dicha ley, las organizaciones que integran la Alianza México Sin Plástico que han participado en los parlamentos abiertos sobre esa regulación, externaron su preocupación porque consideran que su contenido es inadecuado, insuficiente y presenta vicios e imprecisiones que podrían complicar su implementación; además, temen que se apruebe en fast track.
“Si bien es urgente contar con una regulación federal en la materia, de nada sirve si está redactada en función de los intereses de la industria y no del cuidado y protección del medio ambiente, por ello confiamos en que decidieron no discutirla para mejorarla y no para hacerlo en fast track en algún momento de lo que queda del actual periodo de sesiones, por lo que estamos en alerta”, señaló Ornela Garelli, especialista en Consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.
Esteban García-Peña añadió que en el dictamen de dicha ley, bajo el argumento de que la solución es el reciclaje por medio de una mal interpretada “economía circular”, no se toma en cuenta que en México sólo existe la capacidad instalada para reciclar el cinco por ciento de todos los plásticos desechables, y se evita dotar de mayores responsabilidades a la industria para la reducción, tratamiento y confinamiento de los plásticos de un sólo uso que acabarán convirtiéndose en desecho.
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“La industria, a través de su representante ambiental, ha dicho que reciclan más del 50 por ciento, este dato es falso, porque una buena proporción de envases se convierten en contaminantes y no hay una NOM, una ley que establezca cómo es que se tiene que hacer este reciclaje y como se tiene que reportar, por lo tanto es un índice que está reportando la industria de manera discrecional”, indicó.
En su oportunidad, José Manuel Arias de la Asociación Ecológica Santo Tomás sostuvo que “el Senado quiere proteger a las empresas para que no se hagan responsables de sus residuos como señala la responsabilidad extendida al productor”. Esto, debido a que la iniciativa ofrece facilidades y apoyos a los productores de residuos, mientras propone trasladar mayor carga económica a los ciudadanos y gobiernos subnacionales, además de que excluye a los trabajadores de la primera línea, en la cadena del reciclaje.
“Se excluye a los recicladores de base, los conocidos popularmente como pepenadores, que de manera voluntaria asumen las responsabilidades de los productores sin ninguna retribución por su trabajo, algo que organismos internacionales han señalado que debe ser parte de una ley que busque reglamentar la responsabilidad extendida del productor”.
Ornela Garelli añadió que al no incluir la responsabilidad clara para las empresas, la carga termina en gobiernos y ciudadanía, cuando la industria debería contribuir en la creación de infraestructura, pero al no ejercer la responsabilidad extendida de productores termina siendo cubierta por los impuestos, por el erario público.
Esteban García-Peña añadió que en América Latina, Chile es el país punta de lanza que ha adoptado con claridad ese concepto y ha logrado que la industria refresquera asuma el compromiso de hacerse responsable de cambiar su producción de envases desechables a retornables, en tanto que la Unión Europea se ha comprometido a producir el 40 por ciento de los envases retornables en 2030, por lo que el Senado en México también podría obligar a los productores a hacerse cargo de su plástico.
En México, resaltó, existe la posibilidad de que la industria refresquera pueda ir transformando los envases desechables por el uso de envases retornables, como ocurría en años anteriores, lo que reduciría significativamente la contaminación plástica.
LP