Ya existe un anteproyecto para la despenalización del aborto en Tamaulipas, el cual contempla permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con la participación del sistema hospitalario para garantizar un procedimiento gratuito y seguro, como un tema de salud pública.
La diputada local Lucero Deosdady Martínez López informó que se busca analizar el tema durante el actual periodo ordinario de sesiones, y aunque reconoció genera posturas encontradas, dijo que se trata de una discusión necesaria, vinculada a derechos humanos y a la protección integral de las mujeres.
“Es un tema que sí se va a analizar en este periodo. Sabemos que es polémico, pero tiene que ponerse sobre la mesa y avanzar. Ya tenemos una propuesta. Estaré el 20 de febrero en un foro nacional con el grupo Católicas por el Derecho a Decidir; yo también soy creyente, sin embargo, es un tema de derechos”, apuntó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad del Congreso Local.
En entrevista, explicó que la propuesta que se tiene no plantea nada distinto a lo que ya ocurre en otros estados del país, donde la interrupción legal del embarazo está permitida hasta las 12 semanas, y subrayó que el objetivo es que la decisión sea libre e informada, no motivada por el miedo, la desinformación o la falta de opciones.
“La interrupción legal, gratuita y segura por medio del sistema de salud se plantea como una medida de salud pública, buscando que la decisión sea absolutamente voluntaria. En el foro escucharemos cómo se ha logrado cabildear en otros estados”, agregó la legisladora de Morena.
Martínez López destacó que “la propuesta incluye el acompañamiento del Instituto de las Mujeres, con apoyo psicológico para quienes así lo requieran, reconociendo que en algunos casos existen secuelas emocionales. Asimismo, se contempla brindar información sobre alternativas y esquemas de protección a la familia a través del DIF”.
Aclaró que “la despenalización no elimina el delito en todos los supuestos, ya que seguiría siendo sancionado cuando exista coerción, falta de consentimiento o cuando el procedimiento se realice fuera del plazo establecido”.
Después de las 12 semanas, precisó, la interrupción del embarazo volvería a tipificarse como delito. En cuanto al personal médico, señaló que se respeta el derecho a la objeción de conciencia; sin embargo, el sistema de salud, a través de sus comités de ética, deberá garantizar que exista un médico disponible para realizar el procedimiento en tiempo y forma, evitando retrasos que impidan el acceso al servicio.