El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de México, Rodrigo Archundia Barrientos, señaló que en promedio reciben tres mil 500 denuncias al año, donde más de la mitad son por abusos de autoridad por parte de policías municipales, estatales y de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Delitos más denunciados son cohecho y abuso de autoridad
"Tenemos como abusos de autoridad la hipótesis de remisión injustificada del corralón, enviar vehículos a depósitos sin causa justificada, por ejemplo, licencias irregulares, autorizar establecimientos para vender bebidas alcohólicas sin cumplir los requisitos. Tenemos también abuso de autoridad con contenido patrimonial, es utilizar el cargo para obtener o apropiarse de recursos o de bienes en beneficio propio o de terceros, y abuso de autoridad contra subalternos; exigir del sueldo bienes o servicios a subordinados u obligarlos a realizar actividades para obtener beneficios económicos".
Durante su encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) del Valle de Toluca, resaltó que a la fecha los delitos más denunciados ante la Fiscalía Especializada son el cohecho y el abuso de autoridad, que tienen 15 fracciones: incumplimiento de ejercicio indebido, abandono de funciones públicas, la coalición, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, conclusión del peculado de los cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.
"En 2023 solicitamos órdenes de aprehensión en contra de un juez que se dedicaba a dictar sentencias contrarias a derecho y conocido como un cartel inmobiliario para quedarse con casas y terrenos. Teníamos más de 30 expedientes en su contra y sus dos secretarios de acuerdo; hoy día ya se encuentran más de 10 personas detenidas por este delito".
Aunado a la intimidación, el uso ilícito de atribuciones y facultades, y el ejercicio abusivo de funciones, donde entran los hechos arbitrarios, utilizar el cargo público para realizar acciones indebidas; la agresión; insultar o agredir física o verbalmente a una persona sin causa legítima; negar o retrasar un servicio injustificadamente, eso es un hecho de corrupción; negarse a auxiliar; no brindar apoyo a una autoridad competente cuando se tiene la obligación de hacerlo; la privación ilegal de la libertad, fuera de los supuestos legales e inspecciones indebidas.
"Tenemos también el tráfico de influencias que implica utilizar contactos o poder para obtener un beneficio indebido".
Pago de sobornos a funcionarios públicos
En el sector privado, la práctica más común consiste en el pago de sobornos a funcionarios públicos para que actúen en beneficio de sus empresas o de ellos mismos, por ejemplo, la manipulación de licitaciones en los procesos de contratación pública, así como la corrupción administrativa para obtener documentos oficiales como licencias. También se incluyen los delitos económicos en los que participan actores públicos y privados con fines de lucro, como lavado de dinero, evasión o elusión fiscal, tráfico de influencias, entre otros.
En el Estado de México —enfatizó—, la empresa ya no se puede deslindar del delito que se comete en su nombre por sus empleados o directivos y para beneficio, por lo que está obligada a responder y reparar el daño.
"El soborno está contemplado dentro del Artículo 222 del Código Penal Federal; el servidor público lo comete cuando recibe dinero para realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones, el representante también comete cohecho cuando ofrece, promete, entrega dinero o beneficios al servidor público que tenga una ventaja indebida".
Conforme a la Ley Responsabilidades, las penas por este delito van entre 6 meses y 4 años de prisión y la máxima de entre 3 años y 9 años de prisión. Por ello, los empresarios deben saber qué hacer, dónde acudir y encontrar el enlace correcto para presentar su denuncia, las cuales son vitales para poder legitimar su actuación en el combate a este flagelo que todos perjudican.
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