M+.- Puerto Vallarta atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de violencia contra las mujeres de los últimos años. El que durante décadas fue proyectado como uno de los destinos turísticos más importantes y aparentemente más seguros del país, hoy enfrenta una creciente sensación de miedo, incertidumbre e indignación social, luego de que durante mayo se registraran tres presuntos feminicidios en menos de dos semanas.
Los casos ocurrieron el 10, 15 y 21 de mayo. La secuencia, la violencia con la que fueron encontrados los cuerpos y la percepción de abandono institucional detonaron movilizaciones, posicionamientos públicos y llamados urgentes por parte de colectivas feministas y organizaciones civiles, que advierten que Puerto Vallarta enfrenta una crisis que, aseguran, ya no puede minimizarse.
“Estamos molestos por la falta de conciencia, la omisión que han tenido las autoridades y la revictimización que se está generando. No es solo una consigna, es una realidad”, señaló en entrevista con MILENIO Mayte González, presidenta y fundadora de Mujer Colibrí y representante del colectivo Mujeres Puerto Vallarta.
La activista sostuvo que la percepción de seguridad en el puerto cambió drásticamente en las últimas semanas.
“La situación que estamos viviendo en Puerto Vallarta es crítica. Sabemos que México presenta un alto índice de violencia; no es que seamos el único municipio, pero éramos un municipio que considerábamos pacífico. Sentimos que Vallarta no tiene ley, no tiene protocolos, no tiene acompañamiento; hay mucha impunidad y mucha corrupción”, afirmó.
"Una alerta que no reduce víctimas"
Puerto Vallarta es uno de los ocho municipios de Jalisco incluidos desde febrero de 2016 dentro de la Alerta de Violencia contra las Mujeres. La declaratoria estatal también contempla a Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y Ameca. A ello se suma la alerta federal emitida para Jalisco en 2018.
Sin embargo, a casi una década de la primera declaratoria, colectivas consideran que las acciones institucionales no han logrado contener la violencia feminicida ni garantizar condiciones de seguridad para las mujeres.
La situación que hoy enfrenta Puerto Vallarta ocurre en medio de un contexto nacional marcado por más de diez años de violencia sostenida contra las mujeres.
De acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2015 y abril de 2026, México ha registrado un comportamiento alarmante en los delitos de feminicidio.
En 2015 se contabilizaron 428 víctimas de feminicidio. Un año después, la cifra aumentó a 648 víctimas; en 2017 fueron 770 y para 2018 el número alcanzó 925 mujeres asesinadas bajo este delito.
La tendencia continuó al alza en 2019, con 972 víctimas, hasta alcanzar su punto más alto en 2021, año en el que se registraron mil 22 feminicidios en el país, el mayor número documentado en la última década. Aunque posteriormente comenzó una disminución gradual, las cifras continúan siendo elevadas: 985 víctimas en 2022; 853 en 2023; 856 durante 2024 y 731 en 2025.
Tan sólo entre enero y abril de 2026 ya se contabilizan 208 víctimas de feminicidio a nivel nacional. El comportamiento mensual también refleja la permanencia de la violencia. El mes con menor registro fue julio de 2015, con 28 víctimas, mientras que el pico mensual más alto ocurrió en 2021, cuando se reportaron 112 feminicidios en un solo mes.
Entre 2018 y 2022, las cifras mensuales se mantuvieron principalmente entre 70 y 90 casos y, aunque a partir de 2023 se observa una ligera tendencia a la baja, los registros continúan superando las 50 víctimas mensuales.
Durante el periodo enero-abril de 2026, Jalisco acumuló siete víctimas de feminicidio, de acuerdo con datos del SESNSP. La entidad comparte esa cifra con Guerrero y Michoacán. Por encima se encuentran estados como Sinaloa, con 27 casos; Chiapas y Estado de México, con 16 cada uno; Ciudad de México, con 15; Chihuahua y Morelos, con 11; así como Guanajuato, Sonora y Tamaulipas, con 10 víctimas, respectivamente.
En cuanto a la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, Jalisco registra 0.15 casos, por debajo de la media nacional de 0.30.
Miedo tras las estadísticas
Colectivas feministas advierten que las estadísticas oficiales no alcanzan a reflejar el clima de miedo que actualmente viven las mujeres en Puerto Vallarta.
“Ya no hablamos de horarios o de si una mujer salió tarde. Hablamos de que a plena luz del día nos pueden arrebatar la vida”, dijo Mayte González.
Además, las activistas refieren que las cifras oficiales no contemplan otros hechos de violencia extrema contra mujeres que podrían ser investigados bajo perspectiva de género.
“Hablamos también de la señora que fue baleada más de 10 veces aquí en Las Juntas, que también debería clasificarse como tentativa de feminicidio. No podemos salir tranquilas”.
Para la activista, la violencia ya transformó la vida cotidiana de las mujeres en Puerto Vallarta.
“No podemos, el día de hoy, tomarnos un café tranquilas porque ya sabemos que quizá afuera pase alguien por nosotras o amanezcamos en algún poblado cercano o en algún cerro del mismo municipio muertas. Es una realidad. No son casos aislados”.
La preocupación no se limita únicamente a los feminicidios recientes, sino a una escalada de delitos y agresiones que habitantes documentan diariamente mediante redes sociales y grupos vecinales.
“Hay muchas cosas que no salen en noticias porque no hubo un periodista que llegara en ese momento. Nos damos cuenta por grupos de Facebook y WhatsApp donde la gente comparte que la asaltaron, que le rompieron el vidrio del coche o que la policía nunca llegó”, denunció.
Además de los feminicidios, las activistas advirtieron sobre las consecuencias emocionales y psicológicas que la violencia está dejando entre las mujeres.
“Hay muchos efectos psicoemocionales, miedo a no salir ni siquiera a trabajar o no saber si vas a regresar”, señaló Mayte González.
La incertidumbre, dijo, ha obligado a colectivas a compartir recomendaciones de autocuidado ante la falta de confianza en las autoridades. Para González, la transformación del puerto también ha sido personal.
“Yo soy de Guadalajara y vivir en Puerto Vallarta había sido de las cosas más bonitas que me habían pasado. Hoy me siento insegura incluso teniendo carro. Todos los días me levanto y digo: ‘Dios, cuídame’”.
Silencio oficial
Uno de los principales reclamos de las organizaciones es la falta de posicionamientos públicos contundentes por parte del gobierno municipal.
“La gente ha buscado que el presidente y las autoridades se posicionen, pero no han dicho nada. Al contrario, se la han pasado haciendo fiestas y promocionando el puerto”, acusó Mayra Arce, integrante de Marea Verde Puerto Vallarta.
Aseguró que la inseguridad también impacta directamente en la economía local y en la imagen turística de Puerto Vallarta.
“Nadie va a querer venir si está viendo que pasan puras situaciones feas aquí. Lo que queremos es que el presidente hable sobre nuevas estrategias para levantar el puerto”.
Aunque confirmaron que sí han existido reuniones con autoridades, las colectivas consideran que los encuentros no han generado resultados concretos. La presidenta de Mujer Colibrí señaló que en las mesas derivadas de la Alerta de Violencia de Género el alcalde no se presenta personalmente y únicamente envía representantes.
“Queremos que él pueda darnos una certeza. Entonces, ¿tenemos o no tenemos un presidente?”, cuestionó.
También denunció falta de capacitación especializada para atender a víctimas de violencia de género.
“Las personas que están a cargo de las dependencias no tienen el conocimiento suficiente para atender a las víctimas y terminan revictimizando mucho a las familias”.
Las colectivas también cuestionaron la distribución de recursos públicos y señalaron que el municipio carece de infraestructura suficiente para atender la violencia de género.
“Hablan de construcciones millonarias en el puerto y no podemos tener otra patrulla o cuatro patrullas más, porque solamente existen dos patrullas con personas capacitadas para atender situaciones de violencia de género”, denunció González.
La activista aseguró que las organizaciones civiles han terminado asumiendo tareas que corresponden al gobierno.
“Nosotros, como organizaciones, tenemos que enseñarles algo por lo que se supone que les están pagando”.
Alzan la voz
Solamente una de las tres víctimas de mayo ha sido identificada públicamente: Elizabeth Galindo Martínez, quien contaba con reporte de desaparición en el Estado de México.
“Se está haciendo una colecta para apoyar a la familia con los traslados y gastos funerarios. El colectivo Familias Unidas contra el Feminicidio ha estado en contacto con ellos para dar acompañamiento”, dijo González.
Sobre las otras dos víctimas, señaló que todavía no existe información pública.
La indignación llevó a colectivas y activistas a convocar una marcha el pasado domingo para exigir justicia y seguridad. Sin embargo, la asistencia fue menor a la esperada.
“La verdad hubo muy poca afluencia y se entiende por el miedo que existe. Esta vez las mujeres se están protegiendo”, manifestó.
Pese a ello, las organizaciones convocaron a una nueva concentración para el 31 de mayo a las 16:00 horas en la Plaza de Armas.
“En Puerto Vallarta estamos viviendo una realidad que no podemos seguir normalizando. La violencia contra las mujeres ha ido en aumento y, en su expresión más extrema, feminicidios. No se trata de hechos aislados, sino de un contexto que vulnera la vida, la seguridad y la dignidad de mujeres y niñas”, refirió Arce.
El posicionamiento añade que la situación actual requiere respuestas urgentes y acciones concretas por parte de las autoridades, por lo que hacen un llamado a movilizarse, organizarse y exigir respuestas reales.
JVO