Amnistía Internacional condenó “enérgicamente” el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo 'Una Promesa por Cumplir', ocurrido en Pénjamo la noche del martes 23 de junio, y exigió que el caso sea investigado considerando su labor como persona buscadora.
La organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, señaló que su asesinato constituye un hecho profundamente alarmante en un contexto en el que las personas buscadoras enfrentan amenazas, agresiones y riesgos constantes por realizar una labor que corresponde al Estado, por lo que exigió una investigación inmediata.
“Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial que agote todas las líneas de investigación y que considere de manera prioritaria la labor de Patricia como persona buscadora”, señala el posicionamiento de esta organización.
Patricia buscaba a su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021, y además acompañaba a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos.
Su asesinato ocurrió la noche del pasado 23 de junio. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer la dinámica de los hechos; sin embargo, de acuerdo con versiones preliminares, perdió la vida tras ser atacada a balazos a unos metros del Hospital General de Pénjamo, donde presuntamente laboraba.
Por estos hechos, Amnistía Internacional señaló que las autoridades deben identificar, procesar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la reparación integral del daño a la familia de Patricia y de dar con el paradero de Laura Angélica Negrete Tafoya. La familia tiene derecho a conocer la verdad y a acceder a la justicia, y las autoridades están obligadas a garantizarlo”, señaló.
Amnistía Internacional consideró que el asesinato de Patricia no puede entenderse como un hecho aislado y reiteró que es indispensable que las autoridades estatales y federales adopten acciones urgentes, efectivas y coordinadas para proteger a las mujeres buscadoras y a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
“Mientras las familias continúen enfrentando violencia por exigir verdad y justicia, el Estado mexicano seguirá incumpliendo su obligación de garantizar su seguridad, proteger sus derechos y atender la grave crisis de desapariciones que vive el país”, expuso Amnistía Internacional.