Durante más de un ciclo escolar, Ana, nombre ficticio para proteger su identidad, vivió acoso. Comenzó de forma aparentemente aislada, pero terminó por afectar su salud emocional al punto de negarse a ir a clases.
La aplicación de protocolos no fue suficiente para terminar con el problema, que escaló hasta obligarla a dejar el plantel. Esta es la realidad de niñas, niños y adolescentes que no encuentran en las escuelas el lugar seguro que debería de ser, y se convierten en víctimas de acoso escolar por diferencias físicas, conflictos personales o violencia aprendida en el entorno familiar.
Se vuelven objeto de insultos, exclusión, agresiones físicas y digitales. En Jalisco, el acoso escolar continúa siendo un problema que, aunque muestra una tendencia a la baja, sigue presente en las aulas.
De acuerdo con datos del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, MIDE Jalisco, los casos de violencia entre pares han tenido variaciones en los últimos años: en 2020 y 2021 se registraron 17 casos respectivamente; en 2022 la cifra subió a 153; en 2023 alcanzó 191; en 2024 fueron 148; en 2025 descendió a 86 y en lo que va de 2026 son 22 casos.
Aunque la disminución de casos es vista como un avance, Mexicanos Primero advierte que el objetivo debe ser erradicar completamente la violencia escolar, mediante acciones preventivas, correctivas y de corresponsabilidad entre familia, escuela y autoridades.
¿Qué protocolo se aplica contra el acoso escolar?
Para atenderlo, la Secretaría de Educación Jalisco implementa un protocolo estructurado en tres niveles. El primero es preventivo y ocurre dentro del aula.
“Empezamos con una prevención temprana… hablando de manejo de conflictos, de resolución de problemas, educación socioemocional, educación en las virtudes”, explica Juana Patricia Núñez Cortés, encargada del despacho de la Dirección de Psicopedagogía, de la Secretaría de Educación Jalisco.
En este nivel, docentes trabajan con el grupo para fomentar la convivencia y evitar que surjan conductas de violencia. Sin embargo, cuando aparecen señales de alerta, se activa un segundo nivel, en el que se identifican zonas de riesgo dentro de la escuela, como baños o pasillos, y se incrementa la vigilancia, además de intervenir directamente con los alumnos involucrados.
Cuando estas acciones no logran detener la conducta, el caso escala a una intervención más especializada. Este proceso inicia generalmente cuando un alumno reporta la situación a su docente o cuando los padres detectan cambios en su comportamiento. Entre los principales indicadores están el rechazo a asistir a la escuela, miedo constante o afectaciones físicas.
Una vez identificado, el caso sigue una ruta formal: el docente interviene, informa a los padres, el asunto escala a dirección y se convoca al comité de convivencia escolar, donde se establecen acuerdos y medidas.
Si el problema persiste, se integra un expediente con actas, reportes y antecedentes, que llega a Psicopedagogía, donde un equipo multidisciplinario, integrado por médico, pedagogo, psicólogo y trabajador social, realiza valoraciones tanto del alumno como de su entorno.
El tiempo de respuesta, según la autoridad, es ágil, de no más de diez días; mientras que la atención completa puede extenderse de entre seis a ocho semanas.
De la estrategia a la acción
Los primeros indicios de que Ana sufría acoso escolar comenzaron desde que ingresó a primero de primaria. Una compañera de su salón la molestaba. Al detectar la situación, acudieron con la maestra, quien negó haber observado este comportamiento, pero prometió mayor atención e involucró a personal de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) para atender el caso.
También realizaron reuniones con ambas familias. Lejos de detenerse, el problema escaló. La agresión dejó de ser individual y se convirtió en exclusión colectiva dentro del aula. A pesar de la intervención de distintas instancias, el acoso persistió en el siguiente ciclo escolar.
Las consecuencias en la salud de la niña se hicieron evidentes. Finalmente, la familia optó por cambiarla de escuela, tras considerar que las medidas implementadas no fueron suficientes.
Un docente consultado de manera anónima reconoció que, aunque existe capacitación, la aplicación del protocolo enfrenta obstáculos, “existen vacíos, ya que como docentes estamos limitados a sólo actuar, si tratamos de ayudar al menor nos pueden poner en problemas. O hablas para ayudarlo y te metes en problemas, hasta algunos docentes dicen mejor me hago el sordo o ciego para no meterme en problemas”.
A esto se suma la saturación de grupos y la carga administrativa. Así, aunque las cifras muestran una reducción en los casos de acoso escolar en Jalisco, el reto sigue siendo garantizar que los protocolos no solo existan, sino que puedan aplicarse de manera efectiva en las condiciones reales de las escuelas.
JVO