Tras la polémica por la reapertura de la rotonda en el Arco de la Independencia en Monterrey, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó una iniciativa que reforma la Ley de Obra Pública y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León, con el objetivo de poner un freno técnico y de transparencia a la demolición o sustitución prematura de obras públicas funcionales al término de cada administración municipal.
Al presentar la propuesta, el senador planteó que “un gobierno inaugura una obra. Llega el siguiente y la borra. El que sigue pone algo distinto encima. Cada tres años, el mismo punto de la ciudad cambia de cara, de función y hasta de nombre”.
Colosio Riojas explicó que ese ciclo tiene un costo concreto para la ciudadanía, “ya que lo paga el comerciante que ya se había acomodado, el peatón que cruzaba con seguridad por un punto que un día desaparece, y los recursos públicos que se gastan dos veces: una para construir y otra para destruir”.
La iniciativa introduce tres obligaciones nuevas para dependencias y entidades estatales y municipales en materia de obra pública, que incluye: estimación de vida útil, dictamen técnico previo a la demolición o sustitución y principio de continuidad de la infraestructura pública.
“Toda obra pública deberá planearse con una proyección documentada de su periodo de vida útil, con base en su función, los materiales empleados y las condiciones del entorno urbano”, se planteó.
En cuanto al dictamen técnico previo a la demolición o sustitución, la propuesta de reforma establece que si una autoridad estatal o municipal pretende demoler, sustituir o cambiar el uso de una obra antes del plazo estimado, deberá emitir un dictamen que justifique la decisión con datos verificables sobre seguridad, funcionalidad, demanda o congruencia con planes.
nrm