Veinticuatro de las 33 personas detenidas el pasado 12 de febrero durante un operativo en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, en este municipio, obtuvieron su libertad luego de que un juez les concediera la suspensión condicional del proceso por delitos del fuero común.
Medidas dictadas
Las aprehensiones se realizaron como parte de una orden de restitución ordenada por un juez y encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En audiencia de control, la autoridad judicial determinó autorizar esta salida alterna al juicio penal, con lo que los imputados podrán enfrentar el procedimiento en libertad, siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones impuestas por el juzgado.
Entre las medidas dictadas se encuentra la obligación de residir en el domicilio señalado en la carpeta de investigación y la prohibición de acudir o frecuentar instalaciones de la cooperativa, incluidas sus plantas cementeras ubicadas en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, así como las oficinas corporativas en la Ciudad de México.
También deberán prestar tres horas semanales de servicio comunitario en favor del ayuntamiento de Tula de Allende, someterse a la supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares, firmar de manera periódica cada 15 días y no salir del estado de Hidalgo sin autorización.
¿Qué es la suspensión condicional?
De acuerdo con fuentes judiciales, la suspensión condicional del proceso es un mecanismo contemplado en el sistema penal acusatorio que permite frenar temporalmente el procedimiento penal por un plazo determinado —en este caso, dos años— con el propósito de que los imputados cumplan condiciones y reparen el daño.
Si las disposiciones judiciales se acatan en su totalidad, el juez podrá decretar el sobreseimiento y ordenar el archivo del expediente, con lo que se extinguiría la acción penal.
Sin embargo, en caso de incumplimiento, el beneficio será revocado y el proceso continuará hasta su resolución. Esta figura jurídica busca priorizar una reparación pronta para las víctimas y ofrecer a los imputados la posibilidad de reintegrarse sin que el asunto llegue a una sentencia condenatoria, siempre bajo vigilancia judicial.