La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo deberá emitir en un plazo de 10 días hábiles el dictamen sobre la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros, luego de que se activara una excitativa legislativa tras un año sin resolución.
El procedimiento se detonó a partir de la solicitud del diputado Avelino Tovar Iglesias, promovente de la iniciativa, quien señaló que la propuesta cumplió un año sin dictamen. La presidenta de la Mesa Directiva, Paloma Barragán Santos, dio lectura al documento y lo turnó a la comisión correspondiente, lo que activa el plazo legal conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La presidenta de la comisión, Lizbeth Iraís Ordaz Islas, indicó que aún no ha sido notificada oficialmente del oficio, por lo que el plazo comenzará a correr una vez que reciba la notificación formal. Reconoció que no se cuenta con opiniones técnicas concluidas, pero adelantó que el dictamen se elaborará con los elementos disponibles y será sometido a votación interna.
La iniciativa propone reformar el artículo 65 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en Hidalgo, en un contexto donde el debate ha escalado entre posturas que confrontan tradición cultural y bienestar animal. El tema ha permanecido en análisis durante un año, periodo en el que se solicitaron opiniones y se contemplaron foros que no se concretaron en su totalidad.
El promovente sostuvo que la propuesta busca eliminar prácticas que implican crueldad hacia animales, al considerar que el toro de lidia es un ser sintiente. Para sustentar su planteamiento, citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que ninguna actividad cultural o económica puede justificar el maltrato animal.
El legislador también planteó un esquema de transición que incluye reconversión de ganaderías, apoyos para quienes dependen de la actividad y la preservación del toro de lidia sin prácticas de violencia. La tauromaquia tiene presencia en 57 municipios y 115 comunidades del estado, donde representa actividad económica y arraigo cultural.
El proceso legislativo entra así en una fase definitoria. Una vez emitido el dictamen, la iniciativa podrá ser llevada al pleno para su discusión y votación, en un escenario donde se cruzan derechos culturales, criterios jurídicos y una creciente presión social sobre el trato a los animales.