La aplicación del programa no circula en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco a partir del 1 de enero, no es para mejorar el medio ambiente, sino para recaudar más de 28 mil millones de pesos por concepto de multas y verificaciones extemporáneas. Así lo denunció el PRI del Estado de México, que lo catalogó como un castigo a los ciudadanos.
El gobierno de Delfina Gómez argumenta que es para reducir la contaminación, pero activistas denuncian que les cargan la mano a los automovilistas y no al transporte público ni las industrias que también emiten altos niveles de partículas suspendidas.
El cálculo de las millonadas que entraría a las arcas del gobierno estatal es el siguiente.
El padrón vehicular es de 10.4 millones de autos, de ellos, 7.2 millones no han verificado, así que los dueños de éstos deberán pagar una multa por verificación extemporánea de 3 mil 394 pesos, mil pesos más que en la Ciudad de México, además de 584 pesos por holograma cero.
Quienes cuestionan el programa exigen al gobierno estatal rendir cuentas claras sobre el destino de los recursos que recaude, un balance del impacto real en el medio ambiente, la revisión al transporte público y a las empresas altamente contaminantes y reducir el costo de la verificación extemporánea desde el Estado de México.