El gobierno de la Ciudad de México decomisó 50 mil 376 vapeadores, durante un operativo realizado en la capital.
Tras ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló el riesgo a la salud que se tiene al consumir los vapeadores.
“Entiendo que un disparo de estos vapeadores equivale a cuatro cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina. Imagínense ustedes lo que significa para la salud”, expresó la Jefa de Gobierno.
Durante la presentación de la mercancía asegurada, Brugada aseguró que dicha acción se suma a 24 mil 572 retiros de mercancía ilegal, misma que eran vendidas en calles del Centro Histórico; esto como parte de un proyecto que contempla la disminución y eliminación de la venta de productos ilegales en la zona.
“Esto también significa un mensaje claro; de que el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. (…) Hemos retirado mercancía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, también a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un conjunto de operativos que han evitado que llegue mercancía ilegal al Centro Histórico”, detalló.
¿Dónde fue asegurada la mercancía?
De acuerdo al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, informó que el aseguramiento se realizó en un puesto semifijo y una bodega, ubicada en la Calle de Peña y Peña, en el centro de la Ciudad de México, el 9 de enero; mismos que fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) federal, para su destrucción.
Explicó que por el precio de entre 150 y 200 pesos mexicanos de cada uno de estos dispositivos, se retiraron aproximadamente 10 millones de pesos en mercancía, y detalló que se detuvo a un masculino de 26 años que tenía a su disposición dos armas y marihuana, la cual fue remitida al Ministerio Público.
“Quiero hacer un llamado a todos los comerciantes en vía pública del Centro Histórico. Primero, a que no vendan este tipo de artículos. Segundo, que tampoco vendan ningún tipo de mercancía prohibida, contrabando, mercancía que pudo haber sido robada (...) no vamos a permitir que se venda este tipo de mercancía”, aseguró.
La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, subrayó que estos dispositivos generan adicción, como principalmente los que tienen contenido de nicotina, mismos que son engañosos por sus sabores y presentaciones, lo cual minimiza el riesgo que representan y afectan de manera muy especial a niños, niñas y adolescentes porque interfieren con su desarrollo neurológico y facilitan el inicio temprano de otras adicciones.
Asimismo, reiteró que estos productos contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos que no tienen autorización sanitaria y representan un riesgo grave para la salud; de los cuales no hay evidencia científica que respalde que son una alternativa segura al consumo de tabaco.
Cifras sobre el tabaco en México
Gasman Zylbermann dijo que en México más de 14 millones de personas, equivalente al 15 por ciento de la población, fuman actualmente; otros 14 millones quedan expuestas involuntariamente al humo del tabaco; y 12 millones han usado alguna vez un cigarrillo electrónico.
También, subrayó que cada año el tabaco provoca 63 mil muertes prematuras; mientras que los padecimientos respiratorios representan una de las principales cargas de enfermedad en el país con más de 12 millones de registros acumulados en 2025.
"La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el EPOC como lo conocemos, está entre los principales causas de muerte por enfermedad respiratoria, y el cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en México", alertó la titular de la dependencia sanitaria.
La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, señaló que dicha reforma a la Ley General de Salud, no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, lucro y comercialización de estos dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
“El Estado tiene la obligación de actuar. Retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que se aprovechan de vacíos regulatorios para lucrar con el daño. Es una política que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho a la salud”, expresó.
HCM